El movimiento «Salvemos el Parque de la Juventud» emitió un pronunciamiento la mañana de este miércoles sobre los riesgos ambientales, sociales y legales detectados en el proyecto estatal de la Ciudad de la Juventud.
Los integrantes afirmaron que el plan, impulsado sin estudios técnicos, compromete un ecosistema clave y vulnera derechos ciudadanos.
Señalamientos principales del colectivo
El comunicado señaló que, desde un inicio, la planeación puso en peligro el territorio. Además, las mesas de diálogo revelaron que autoridades ambientales carecen de conocimientos técnicos y voluntad para proteger el ecosistema. Esto, sumado a un manejo deficiente del parque durante cuatro años por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, agravó la situación.
Las y los voceros indicaron que el proyecto fue promovido usando una encuesta sin rigor metodológico. Aun así, la Secretaría de Infraestructura solicitó una obra millonaria sin contar con estudios ambientales, urbanos ni sociales, en un área natural protegida.
Riesgos del proyecto juvenil
Los integrantes del colectivo recordaron que incluso se prohibió ingresar con celulares a la primera mesa de diálogo, lo que motivó transmisiones en vivo para garantizar transparencia. Aunque las autoridades prometieron entregar información antes del 18 de noviembre, no enviaron datos, horarios ni documentos técnicos.
Hasta hoy, persiste la ausencia del proyecto ejecutivo, estudios ambientales, metodología del sondeo y permisos legales. Mientras tanto, la obra avanza sin autorización, lo que consideran una violación grave a los derechos ciudadanos y a la normativa ambiental.
Exigencias del colectivo
El movimiento pidió la publicación inmediata del Manifiesto de Impacto Ambiental y los dictámenes técnicos. También solicitaron la suspensión de cualquier intervención en el parque hasta que la legalidad quede comprobada por instancias estatales y federales.
Además, exigieron un proceso participativo real, con consulta vinculante y presencia comunitaria efectiva, pues sin participación social el proyecto se vuelve ilegítimo.
Impacto social y ambiental del plan estatal
El colectivo recordó que la obra afecta derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un ambiente sano, garantizados por el artículo 4 constitucional. También denunciaron que se vulneran derechos de consulta y transparencia establecidos en los artículos 6 y 8, así como los mecanismos del Acuerdo de Escazú.
Inventarios y diagnósticos ciudadanos
Integrantes con formación ambiental han elaborado inventarios forestales y de biodiversidad ante la información incompleta y errónea presentada por autoridades. Detectaron que especies nativas fueron clasificadas como introducidas y que el manejo del parque provocó erosión y desnutrición del arbolado.
Un estudio de 2018 registró más de mil árboles; sin embargo, la CONAFOR reportó solo 794 individuos, lo que representa una pérdida cercana al 25%.
Participación comunitaria activa
Familias, estudiantes y especialistas se han sumado para elaborar diagnósticos de derechos humanos, evaluando las necesidades de personas con discapacidad, infancias, población LGBT+, personas mayores e indígenas que usan el parque.
El movimiento concluyó que sin permisos, transparencia y participación auténtica, el proyecto estatal es ilegal e ilegítimo. Reiteraron que defenderán el Parque de la Juventud porque el territorio se cuida en colectivo.
