La Trata de personas en Tlaxcala continúa representando uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos, afirmó el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo A.C. a través de un comunicado difundido en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio.
En el documento, la organización civil sostuvo que, pese a los avances reportados por las autoridades estatales, persisten deficiencias en la prevención, investigación, atención integral a víctimas y desarticulación de las redes dedicadas a la explotación sexual. Además, presentó cuatro demandas dirigidas al Gobierno del Estado para fortalecer la política pública en esta materia.
Cuestionan resultados de operativos
Señalan posible revictimización
El Centro Fray Julián Garcés señaló que los operativos implementados recientemente para detectar posibles casos de trata no han generado resultados suficientes contra las estructuras criminales.
Como ejemplo, mencionó el operativo realizado el pasado 17 de julio, durante el cual fueron clausurados nueve moteles por irregularidades administrativas y sanitarias.
Sin embargo, la organización consideró que estas acciones continúan enfocándose principalmente en las mujeres que podrían ser víctimas de explotación sexual, en lugar de priorizar la identificación y captura de tratantes.
Asimismo, advirtió que los establecimientos podrían reabrir una vez solventadas las observaciones administrativas, sin que ello implique el desmantelamiento de las redes criminales que operan detrás de estos espacios.
Prevención debe ir más allá de campañas
Proponen procesos educativos permanentes
En su comunicado, el Centro Fray Julián Garcés también cuestionó el alcance de la campaña «Se Trata de todas y todos», al considerar que la prevención requiere acciones educativas sostenidas y no únicamente mensajes informativos.
La organización sostuvo que combatir este delito implica analizar las causas estructurales que favorecen la explotación sexual, entre ellas la violencia contra las mujeres, la demanda de prostitución, las masculinidades violentas y la tolerancia social e institucional hacia este fenómeno.
Asimismo, señaló que programas federales como los Centros Libres para las Mujeres pueden fortalecer la atención a víctimas de violencia, pero no sustituyen las acciones específicas previstas en el Programa Estatal contra la Trata de Personas.
Observan diferencias entre presupuesto y avances
Piden mayor transparencia
El Centro Fray Julián Garcés afirmó que entre 2023 y 2026 el Presupuesto de Egresos del Estado etiquetó 2 mil 978 millones 271 mil 963 pesos para acciones relacionadas con la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas.
No obstante, aseguró que el Programa Estatal contra la Trata de Personas presenta un avance cercano al 11 por ciento en el cumplimiento de sus productos, situación que, desde su perspectiva, refleja una diferencia importante entre los recursos presupuestados y los resultados alcanzados.
Además, recordó que parte de los recursos aprobados en años anteriores fueron destinados a proyectos vinculados con la transformación de la fiesta brava como impulsor económico y turístico, por lo que pidió que el presupuesto asignado al combate de la trata sea ejercido conforme a los objetivos del programa estatal.
Plantean fortalecer investigaciones
Solicitan atacar patrimonio criminal
El organismo también expresó preocupación por las cifras relacionadas con las investigaciones de trata de personas.
Según el comunicado, durante 2023, 2024 y 2025 la Fiscalía General de Justicia del Estado no reportó casos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en lo que va de 2026, únicamente se iniciaron seis carpetas de investigación: cuatro por explotación sexual y dos por pornografía infantil.
La organización contrastó esas cifras con información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, según la cual entre enero de 2021 y junio de 2025 la propia Fiscalía atendió a 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Asimismo, reconoció que el Gobierno del Estado ha informado sobre 37 sentencias condenatorias durante la actual administración; sin embargo, puntualizó que, de acuerdo con la información oficial, esos casos corresponden a investigaciones iniciadas en administraciones anteriores.
También lamentó que no se haya informado sobre la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para asegurar hoteles, moteles, inmuebles, vehículos, cuentas bancarias u otros bienes utilizados para cometer este delito.
A juicio del Centro Fray Julián Garcés, afectar el patrimonio económico de las organizaciones criminales constituye una herramienta indispensable para debilitar las redes de explotación sexual.
Presentan cuatro demandas
Exigen acciones concretas
En su posicionamiento público, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo A.C. formuló cuatro solicitudes dirigidas a las autoridades estatales.
La primera consiste en que los operativos garanticen la identificación, protección y atención integral de las víctimas, concentrando los esfuerzos en investigar, detener y procesar a los tratantes.
En segundo lugar, pidió aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio sobre todos los bienes utilizados para cometer el delito y destinar esos recursos a la reparación integral del daño de las víctimas.
Como tercera demanda, solicitó que el presupuesto aprobado para combatir la trata sea ejercido conforme al Programa Estatal contra la Trata de Personas y que las evaluaciones oficiales se basen en los indicadores establecidos en dicho instrumento.
Finalmente, planteó fortalecer la prevención mediante procesos educativos permanentes que promuevan el respeto a los derechos humanos y cuestionen las condiciones sociales que favorecen la explotación sexual.
El organismo concluyó con un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para evitar normalizar la explotación sexual bajo argumentos de consentimiento, al señalar que la manipulación, el engaño, la violencia y el abuso de situaciones de vulnerabilidad impiden considerar que exista una decisión plenamente libre por parte de las víctimas.