Cuentas Públicas 2025 serán evaluadas bajo nuevas reglas aprobadas por el Congreso de Tlaxcala, que actualizan los criterios para la dictaminación y el análisis del probable daño patrimonial.
En Sesión Extraordinaria Pública, las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se emiten las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025 de los entes fiscalizables. El documento establece las etapas, criterios y lineamientos que seguirá el Poder Legislativo para analizar los informes elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El acuerdo, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, busca fortalecer el proceso de revisión mediante reglas más precisas para la emisión de los dictámenes, además de definir los plazos y atribuciones que deberán observarse durante la evaluación de las cuentas correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
Congreso actualiza criterios de evaluación
Uno de los cambios más relevantes aprobados consiste en la modificación de los parámetros utilizados para evaluar el probable daño patrimonial, indicador que representa uno de los elementos con mayor peso dentro de la calificación final de cada cuenta pública.
Con las nuevas disposiciones, la puntuación máxima en este rubro únicamente se otorgará cuando el probable daño patrimonial represente entre el 0 y el 1.49 por ciento del gasto devengado. En tanto, la puntuación media corresponderá a porcentajes de entre 1.5 y 2.99 por ciento, mientras que la puntuación más baja será aplicada cuando el porcentaje sea igual o superior al 3 por ciento.
Asimismo, las nuevas bases mantienen el sistema de evaluación de 100 puntos para la dictaminación de las cuentas públicas, aunque el apartado relacionado con el probable daño patrimonial conservará un valor de hasta 40 puntos, equivalente al 40 por ciento de la calificación total.
Dictaminación mantiene evaluación de 100 puntos
Las bases aprobadas también conservan el requisito de que las cuentas públicas deberán alcanzar una calificación mínima de 70 puntos para que la Comisión de Finanzas y Fiscalización pueda emitir un dictamen aprobatorio.
Además, este esquema busca establecer parámetros homogéneos para la revisión de los recursos públicos ejercidos por los entes fiscalizables, garantizando que todos sean evaluados bajo los mismos criterios técnicos.
De igual manera, la actualización fortalece el procedimiento interno al definir con mayor precisión los elementos que serán considerados durante el análisis legislativo.
OFS será la única base para la revisión
El procedimiento aprobado ratifica que la evaluación de las cuentas públicas se realizará exclusivamente con base en los Informes Individuales emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, los cuales deberán ser entregados al Congreso del Estado a más tardar el 15 de julio de 2026.
Además, el acuerdo precisa que la Comisión de Finanzas y Fiscalización no podrá recibir propuestas de solventación ni declarar solventadas observaciones emitidas por el órgano fiscalizador, con el propósito de respetar las atribuciones legales que corresponden a cada institución.
Este mecanismo fortalece la separación de competencias entre las autoridades encargadas de la fiscalización y aquellas responsables del análisis legislativo, brindando mayor certeza al procedimiento.
Nuevas reglas fortalecen la fiscalización
Las diputadas y diputados aprobaron el dictamen por unanimidad de votos, con lo cual las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025 quedaron formalmente avaladas por la LXV Legislatura.
Finalmente, el Congreso instruyó remitir el acuerdo a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de su sanción y posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, paso con el que concluirá el proceso legislativo correspondiente.
Con estas disposiciones, el Poder Legislativo busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la certeza jurídica durante la revisión del ejercicio de los recursos públicos, mediante un procedimiento con reglas previamente definidas y criterios uniformes para todos los entes fiscalizables.