Ley nacional para eliminar trámites burocráticos
Este jueves, se realizó la primera mesa de trabajo para su implementación en el estado, un encuentro clave que marca el inicio formal de un proceso orientado a simplificar, homologar y digitalizar los servicios públicos en beneficio directo de la ciudadanía.
La reunión fue encabezada por el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, quien destacó que este primer ejercicio representa una base fundamental para que las dependencias estatales conozcan el alcance de la nueva normativa y comiencen a aplicar criterios técnicos que permitan transformar la gestión pública de manera ordenada, coordinada y eficiente.
Durante su mensaje, el funcionario subrayó que la instrucción de la gobernadora es clara: participar activamente, mantener disposición permanente y brindar acompañamiento técnico a cada dependencia para lograr una correcta aplicación de la ley, la cual tiene como finalidad central hacer más sencilla, útil y accesible la relación entre el gobierno y la sociedad.
Inicio de una transformación administrativa
La primera mesa de trabajo abrió un espacio de diálogo técnico e institucional que permitirá avanzar hacia un nuevo modelo de administración pública, enfocado en la eliminación de procesos innecesarios, la reducción de tiempos y la mejora sustancial en la atención ciudadana, aspectos que históricamente han representado un reto para los tres órdenes de gobierno.
Javier Marroquín Calderón enfatizó que este esfuerzo no será aislado, sino parte de un trabajo continuo y coordinado entre dependencias, con seguimiento personalizado desde la Secretaría de Desarrollo Económico, tal como se ha realizado en otros proyectos estratégicos impulsados por el gobierno estatal.
Asimismo, reconoció la participación de las y los servidores públicos presentes, a quienes exhortó a aprovechar este espacio para resolver dudas, compartir experiencias y generar propuestas que permitan aterrizar de forma efectiva los lineamientos que establece la nueva ley nacional.
Coordinación estatal y apoyo permanente
El secretario destacó que la correcta implementación de la ley requiere compromiso técnico, conocimiento básico del marco normativo y una visión compartida, ya que el éxito del proceso dependerá de la capacidad institucional para coordinar esfuerzos y adoptar nuevas formas de trabajo basadas en la simplificación y la digitalización.
En este sentido, reiteró que la Secretaría de Desarrollo Económico brindará apoyo constante a las dependencias, asegurando que cada área cuente con la orientación necesaria para cumplir con sus nuevas obligaciones, siempre con el objetivo de beneficiar a las y los ciudadanos.
Simplificación de trámites públicos
Uno de los ejes centrales abordados durante la mesa de trabajo fue la necesidad de reducir la carga administrativa que enfrentan las personas a lo largo de su vida, considerando que, en promedio, una persona realiza cerca de 486 trámites, muchos de ellos complejos, tardados y con requisitos poco claros.
La nueva legislación reconoce esta problemática y establece mecanismos para simplificar procesos, eliminar duplicidades y estandarizar requisitos, con el propósito de que los trámites sean más ágiles, transparentes y comprensibles, reduciendo así la frustración ciudadana y mejorando la eficiencia gubernamental.
Digitalización de servicios gubernamentales
Otro punto clave fue la digitalización como herramienta fundamental para modernizar la administración pública, reducir la discrecionalidad y minimizar los riesgos de corrupción, ya que los procesos digitales permiten mayor trazabilidad, claridad y control en cada trámite o servicio.
La Agencia de Transformación Digital, creada con rango de secretaría a nivel nacional, será la encargada de coordinar los procesos de certificación y digitalización, siguiendo la instrucción presidencial de impulsar una transformación profunda del servicio público mediante el uso estratégico de la tecnología.
Diagnóstico nacional de trámites
Durante la sesión se presentó un diagnóstico que evidencia la magnitud del reto, al señalar que en el país existen más de siete mil trámites, de los cuales la mayor parte se concentra en los estados, lo que representa aproximadamente el 85 por ciento de la carga regulatoria que enfrentan las personas.
Este contexto refuerza la importancia de que las entidades federativas asuman un papel activo en la implementación de la ley, ya que son el primer punto de contacto de la ciudadanía con el gobierno y donde se realizan la mayoría de los trámites cotidianos.
Homologación y reglas claras
La ley también busca avanzar hacia un modelo de homologación nacional, evitando que un mismo trámite tenga requisitos distintos dependiendo del municipio o estado, situación que actualmente genera confusión, retrasos y costos adicionales para ciudadanos y empresarios.
Al tratarse de una ley nacional de aplicación directa, los estados y municipios están obligados a cumplir con sus disposiciones sin necesidad de procesos adicionales de adopción, lo que permitirá acelerar la transformación administrativa en todo el país.
Menos corrupción y más transparencia
Otro de los beneficios destacados es la reducción de márgenes de corrupción, ya que los trámites simplificados y digitalizados disminuyen el contacto directo y eliminan espacios para la discrecionalidad, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.
Además, se impulsa la autonomía tecnológica nacional mediante el desarrollo de soluciones propias, aprovechando el talento de universidades y centros de innovación, con el objetivo de que la información pública sea gestionada y resguardada en territorio nacional.
Identidad digital y documentos electrónicos
Como parte del nuevo modelo, se promoverá el uso de la identidad digital a través de Llave MX como sistema de acceso único a los portales gubernamentales, lo que permitirá una experiencia más sencilla y segura para las personas usuarias.
Asimismo, se destacó que los documentos digitales cuentan con plena validez jurídica, un avance significativo que transforma la gestión administrativa y consolida el uso de la firma electrónica como una herramienta legal y operativa dentro del gobierno.
Un beneficio directo para la ciudadanía
El enfoque final de esta transformación es claro: facilitar el acceso a derechos, cumplir obligaciones de forma sencilla y mejorar la calidad de vida de las personas, colocando al ciudadano en el centro de las políticas públicas.
Con la implementación de esta ley, el gobierno busca construir un entorno más ágil, transparente y eficiente, donde los trámites dejen de ser un obstáculo y se conviertan en un servicio útil y accesible para todas y todos.