Embarazo infantil en Tlaxcala registra una reducción histórica del 30 por ciento, al pasar de un promedio anual de 100 casos a 63, como resultado de una estrategia integral impulsada por el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Este avance coloca al estado como uno de los referentes nacionales en la atención de esta problemática, al lograr impactos medibles mediante un modelo que articula prevención, denuncia, atención y seguimiento interinstitucional.
El resultado es consecuencia directa del rediseño de la política pública estatal, luego de que los primeros esfuerzos implementados a partir de 2017 no lograran modificar de forma significativa los indicadores. De acuerdo con la titular del Consejo Estatal de Población, Belén Vega Ahuatzi, fue necesario replantear la estrategia y construir un modelo de intervención integral que atendiera las causas estructurales del problema y fortaleciera la protección de los derechos de niñas y adolescentes.
Contexto nacional y rediseño del modelo
Durante su participación en los Diálogos Circulares, la funcionaria recordó que tras el acuerdo del Consejo Nacional de Población que estableció la atención del embarazo infantil como prioridad nacional, se conformaron grupos estatales y municipales para enfrentar la problemática. Sin embargo, ante la ausencia de resultados concretos, Tlaxcala decidió realizar un diagnóstico profundo y redefinir su ruta de acción con base en evidencia, enfoque territorial y perspectiva de derechos humanos.
El nuevo modelo permitió pasar de acciones aisladas a una estrategia coordinada que involucra a distintas dependencias estatales y municipales, con objetivos claros, indicadores de seguimiento y una intervención diferenciada según edad, contexto social y entorno familiar, lo que marcó un punto de inflexión en la atención del fenómeno.
Resultados en indicadores de fecundidad
Uno de los principales logros fue la reducción de la Razón Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 años, que pasó de 1.4 a 1.0, lo que representa una disminución del 32.2 por ciento y coloca a Tlaxcala por debajo de la media nacional. Este indicador confirma el impacto positivo de las acciones preventivas y de atención temprana implementadas en los últimos años.
Asimismo, el porcentaje total de embarazos registrados en adolescentes disminuyó de 16.3 a 15.9 por ciento. En el grupo de edad de 15 a 19 años, las tasas estatales de fecundidad muestran una tendencia sostenida a la baja entre 2018 y 2025, al pasar de 4 mil 701 a 2 mil 429 nacimientos por cada mil mujeres, de acuerdo con cifras preliminares del sector salud.
Disminución sostenida de nacimientos
Estos resultados reflejan no solo una reducción en los casos, sino también una mejora en la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender situaciones de riesgo, así como para acompañar de manera integral a las adolescentes y sus familias, con un enfoque preventivo que prioriza la protección de la infancia.
Prevención desde la familia y la escuela
En el eje de prevención, el diagnóstico estatal permitió identificar que la gran mayoría de los embarazos infantiles son consecuencia de violación o abuso sexual, y que alrededor del 90 por ciento de los casos ocurren dentro del entorno familiar. A partir de esta información, se homologaron criterios y se definieron acciones diferenciadas por grupos de edad y población objetivo.
El énfasis se colocó en madres y padres de familia de comunidades escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de señales de riesgo y fomentar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.
Educación integral y lenguaje adecuado
Como parte de esta estrategia, se desarrolló un lenguaje pedagógico adecuado a cada etapa de desarrollo para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer su cuerpo, identificar situaciones de riesgo y comprender qué es el abuso sexual y cómo prevenirlo. Durante 2025, estas acciones se implementaron de manera directa en escuelas primarias y secundarias, integrando a las familias como actores clave en la prevención.
Atención, denuncia y seguimiento interinstitucional
En materia de atención y seguimiento, se puso en marcha una plataforma interinstitucional coordinada desde la Secretaría de las Mujeres, en la que participa la Secretaría de Salud, y que permite emitir alertas inmediatas una vez identificado un caso. Este mecanismo garantiza atención médica oportuna, acompañamiento legal y seguimiento integral, fortaleciendo la protección de derechos desde el primer contacto.
De manera paralela, se desarrollaron campañas de sensibilización y difusión a través de spots en radio y televisión, orientadas a fomentar la cultura de la denuncia y promover que las víctimas y su entorno levanten la voz, incluso cuando los hechos ocurren dentro del ámbito familiar.
Fortalecimiento institucional y alcance municipal
En el eje de fortalecimiento institucional, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes destacó que mientras en administraciones anteriores operaban únicamente cinco grupos municipales, en 2025 se capacitó a 554 servidores públicos municipales con formación especializada para prevenir, atender y erradicar el embarazo infantil.
Además, se firmaron compromisos con los municipios para dotar a los grupos locales de herramientas operativas que permitan replicar estas acciones en territorio y garantizar una cobertura efectiva en todo el estado.
Reconocimiento nacional y segunda etapa
Gracias a estos resultados, la estrategia implementada por Tlaxcala fue reconocida por la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes como una experiencia exitosa a nivel nacional, misma que será replicada en al menos cinco entidades del país, entre ellas Puebla, Nayarit y Tamaulipas.
Finalmente, Belén Vega Ahuatzi informó que el estado se encuentra en una segunda etapa del plan de acción, enfocada en fortalecer la atención, denuncia y seguimiento mediante un Plan de Restitución de Derechos, que incluye acompañamiento integral a niñas y adolescentes madres, seguimiento del embarazo, atención médica, apoyo legal y seguimiento a recién nacidos durante los primeros mil días de vida, con el objetivo de romper ciclos de violencia, reducir brechas de pobreza y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia.