La Fiscalía de Tlaxcala enfrenta un llamado firme y directo por parte del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), que exige que la institución actúe de oficio e inicie de inmediato una investigación seria, completa y diligente sobre el caso del animal que fue encontrado con claros signos de haber sido expuesto al fuego en la calle Julián Carrillo, en el municipio de Tlaxcala, un hecho que ha generado indignación colectiva y ha puesto nuevamente en evidencia la urgencia de fortalecer la respuesta institucional ante situaciones de maltrato y crueldad animal que, lamentablemente, siguen ocurriendo en la entidad pese a los llamados de organizaciones civiles y de ciudadanos comprometidos con el bienestar animal.
Investigación oficial pendiente
Autoridad ministerial debe actuar
Hasta ahora, la autoridad no ha emitido información oficial respecto a los hechos, lo cual mantiene en alerta a las personas que acudieron al lugar y que compartieron imágenes y transmisiones en vivo donde se aprecia al animal con señales evidentes de quemaduras, lo que vuelve imprescindible que la Fiscalía abra una indagatoria de oficio, tal como lo exige el artículo 439 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que establece claramente la obligación institucional de intervenir cuando existan indicios de actos que puedan constituir maltrato o crueldad animal, incluso si no existe una denuncia inicial formal por parte de un particular.
El OCPA informó que, aunque ha solicitado a quienes tienen información adicional que presenten su denuncia, la carga legal de actuar recae directamente en la autoridad ministerial, por lo que omitir o retrasar la investigación representaría una falta grave ante un caso tan sensible.
Evidencias ciudadanas que presionan la ruta legal
Indagatoria obligada por señales públicas
Las fotografías y transmisiones difundidas por vecinas y vecinos muestran condiciones que, a simple vista, indican que el animal fue expuesto a fuego en circunstancias que deben ser esclarecidas, pues la autoridad debe determinar si fue quemado con vida o si el cuerpo fue manipulado después de su fallecimiento, ya que ambas situaciones reflejan un manejo indebido, indignante y completamente alejado de cualquier práctica ética respecto al tratamiento de restos animales, además de que podrían destruir o alterar indicios esenciales para reconstruir los hechos y avanzar en una posible línea de responsabilidad penal.
El OCPA señaló que este caso no puede convertirse en otro expediente inconcluso ni en una carpeta abandonada, como tristemente ha ocurrido con la mayoría de denuncias de maltrato y crueldad animal que se presentan ante la Fiscalía y que rara vez concluyen en acciones contundentes.
Falta de políticas públicas efectivas
Reforma estatal pendiente y urgente
El organismo ciudadano también recordó que, aunque se reconocen los esfuerzos individuales de rescatistas y voluntarios que arriesgan tiempo y recursos propios para atender emergencias, esta labor, aunque valiosa, no sustituye la necesidad de políticas públicas integrales que garanticen prevención, atención y sanción en materia de protección animal, ya que miles de animales dependen de que exista un sistema público robusto, profesional y eficaz.
En ese sentido, el OCPA hizo un llamado directo al Congreso del Estado de Tlaxcala para que deje de lado intereses políticos, económicos o religiosos y avance en la armonización de la Constitución local con la reforma federal que elevó la protección animal a rango constitucional, pues existen iniciativas detenidas desde hace meses que deben ser dictaminadas con urgencia para fortalecer el marco legal que permita respuestas más rápidas y más firmes ante casos de crueldad animal como el ocurrido en Julián Carrillo.
El organismo enfatizó que la sociedad tlaxcalteca ya no tolera respuestas lentas ni omisiones institucionales, por lo que este caso representa no solo una exigencia puntual, sino una oportunidad para demostrar que las autoridades pueden actuar con seriedad y compromiso ante una problemática que, además de legal, es ética y social.