Reformas al Código Penal avanzan en México con una transformación legislativa que la senadora Ana Lilia Rivera calificó como un cambio profundo y estructural, ya que estas modificaciones, junto con la armonización de 17 leyes secundarias, consolidan la igualdad sustantiva como un principio rector del Estado y garantizan que la justicia, los derechos y la protección hacia mujeres, adolescentes y niñas se ejerzan de manera efectiva y sin retrocesos.
Estas reformas fueron aprobadas por el Pleno del Senado tras el reconocimiento constitucional, realizado en noviembre de 2024, de la igualdad sustantiva, la eliminación de la brecha salarial, la perspectiva de género y el deber reforzado del Estado de proteger a las mujeres frente a todas las formas de violencia, lo cual obliga a que todas las instituciones públicas operen bajo nuevos parámetros legales y sociales que reflejen las desigualdades estructurales que históricamente han enfrentado millones de mujeres en el país.
Cambios que impactan directamente la impartición de justicia
Adecuaciones legales para garantizar equidad judicial
La senadora Rivera explicó que, con estas reformas, los jueces y tribunales deberán considerar las desigualdades que enfrentan las mujeres al resolver casos sobre custodia, pensiones alimenticias, división de bienes y otros procesos en los que por décadas se ignoraron los contextos de discriminación, lo que permitirá que las resoluciones sean más justas, más sensibles y más apegadas a la realidad que viven las familias en México.
Asimismo, destacó que la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres garantiza que la política nacional de igualdad se articule de manera eficiente, coordinada y vinculante entre instituciones, ya que este organismo será el responsable de supervisar que todas las dependencias apliquen, de manera transversal, la perspectiva de género en cada decisión administrativa o normativa.
Igualdad laboral como eje del desarrollo nacional
Eliminación de desigualdades en entornos de trabajo
Rivera subrayó que el trabajo digno tendrá un nuevo significado, ya que las reformas prohíben de manera explícita la discriminación y la violencia laboral, obligando al Estado a cerrar definitivamente la brecha salarial que afecta a millones de mujeres y que limita su autonomía económica, lo cual representa un paso esencial para construir un país más justo y competitivo.
Además, sectores como la educación, la salud, la vivienda, la migración, la cultura y la seguridad social deberán incorporar la perspectiva de género para eliminar roles y estereotipos que limitaron durante generaciones el acceso de las mujeres a oportunidades reales de desarrollo.
Urgencia basada en cifras que reflejan desigualdad estructural
Realidades que justifican la reforma
La senadora recordó que casi 40% de las mujeres en México ha sufrido violencia de pareja y más del 27% ha enfrentado violencia laboral, datos que demuestran la necesidad inmediata de reformas amplias, profundas y sostenidas en el tiempo, ya que no se trata de problemas aislados sino de una realidad estructural que exige un Estado más fuerte, más sensible y más humano.
Rivera reafirmó su compromiso de seguir legislando para que la igualdad sea vivida en cada hogar, escuela, centro de trabajo y espacio público, con el objetivo de que ninguna niña crezca con miedo y ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su futuro.
Reforma penal contra el abuso sexual
Nuevas definiciones y medidas más estrictas
La reforma al Código Penal también redefine el delito de abuso sexual al cerrar vacíos legales que permitieron impunidad durante años, ya que ahora el consentimiento no podrá asumirse del silencio, de la pasividad o de la falta de resistencia física, pues está demostrado que muchas víctimas se paralizan ante el miedo y esta reacción jamás puede interpretarse como un “sí”, algo que por fin queda establecido en la ley.
La definición de acto sexual también se amplía para incluir tocamientos, roces, exhibiciones forzadas y otras conductas que dañan gravemente la integridad de mujeres y niñas, reconociendo además que el abuso puede darse tanto en espacios públicos, incluido el transporte, como en espacios privados.
Persecución de oficio y medidas reeducativas
El delito será perseguido de oficio, lo que permitirá iniciar investigaciones incluso cuando las víctimas no denuncien inmediatamente, protegiendo especialmente a niñas y adolescentes que, por miedo o presión, no pueden reportar los hechos de forma inmediata, además de que se establece la obligación de que los agresores asistan a talleres reeducativos con perspectiva de género, ya que no basta con castigar, sino que se deben transformar las conductas que reproducen la violencia.
Rivera concluyó que estas reformas representan un acto de justicia para todas las mujeres de Tlaxcala y de México, y reiteró que no están solas, ya que el compromiso legislativo continuará hasta que la dignidad y la igualdad sean una realidad plena para todas.