Reforma a la Ley de Adquisiciones busca reducir emisiones en el sector público
Reforma a la Ley de Adquisiciones avanza con una propuesta que busca disminuir la contaminación generada por el transporte oficial en México. La iniciativa, impulsada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, pretende que todas las dependencias federales prioricen vehículos de cero o bajas emisiones en sus procesos de compra o arrendamiento. La legisladora afirma que se trata de un paso urgente frente al deterioro ambiental.
Propuesta legislativa para movilidad sostenible
Con esta propuesta se busca modificar el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que las instituciones gubernamentales privilegien automóviles con tecnologías más limpias. La intención es avanzar hacia una movilidad pública sostenible que reduzca los gases contaminantes que afectan a las ciudades mexicanas. Según Rivera, el Estado debe ser el primero en adoptar mecanismos de protección ambiental y en demostrar que la transición hacia modelos menos contaminantes es posible y necesaria.
Iniciativa ambiental en adquisiciones del Estado
La senadora destaca que existe una creciente preocupación por el impacto negativo del transporte vehicular sobre el medio ambiente y la salud pública. Por ello, la iniciativa establece la obligación de que las instituciones consideren como primera opción unidades que generen cero o bajas emisiones. Con ello se pretende frenar el deterioro atmosférico y al mismo tiempo incentivar el uso responsable de los recursos públicos.
Vehículos limpios para dependencias federales
La propuesta también busca sentar un precedente nacional sobre responsabilidad ambiental desde el aparato gubernamental. Rivera remarca que las oficinas públicas deben asumir un rol ejemplar en la lucha contra el cambio climático y en la implementación de políticas que reduzcan la huella ecológica del sector estatal.
Transición energética dentro del sector público
La reforma contempla criterios de selección más rigurosos para garantizar que la adquisición de vehículos esté alineada con estándares de sostenibilidad. Esto incluye la consideración de tecnologías como motores eléctricos, híbridos y sistemas de combustión de bajo impacto. Con estas medidas se pretende modernizar el parque vehicular oficial y motivar el desarrollo de alternativas ecológicas en la industria nacional.
Innovación ecológica en el parque vehicular oficial
Rivera señala que esta iniciativa forma parte de las 32 propuestas que ha presentado en el último año. Enfatiza que todas están diseñadas para fortalecer la responsabilidad pública, la protección ambiental y la modernización de la administración federal. La senadora considera que las medidas ambientales deben integrarse al quehacer estatal como parte de un compromiso estructural con el desarrollo sostenible. Para los sectores ambientalistas, la iniciativa representa una oportunidad para reducir la contaminación vehicular y avanzar en la transformación energética. Especialistas apuntan que el uso de unidades más limpias podría disminuir las emisiones contaminantes en zonas urbanas donde el gobierno concentra gran parte de su operación. Además, subrayan que el transporte oficial puede convertirse en un punto de partida para cambios más amplios en la movilidad del país.
Estandarización ecológica del parque vehicular
La propuesta también abre la puerta a la estandarización de procesos que aseguren mayor eficiencia energética en las adquisiciones públicas. Esto podría permitir mayor transparencia en la compra de vehículos, así como el establecimiento de lineamientos nacionales para medir el impacto ecológico del parque vehicular federal. En sus declaraciones, Rivera afirmó que la acción se alinea con los principios de desarrollo sostenible y con la obligación de proteger el patrimonio ambiental de México. Destacó que impulsar la movilidad con menores emisiones es una inversión a largo plazo para las futuras generaciones.
Responsabilidad ambiental del Estado
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis legislativo y podría debatirse en próximos periodos. Colectivos ambientales y organizaciones civiles han manifestado interés en respaldarla debido a que coloca la responsabilidad pública como eje central de la transición ecológica en México.
