Operativo Cero Tolerancia Tlaxcala–Puebla inició como una estrategia coordinada entre gobiernos estatales y federales para fortalecer la seguridad regional, inhibir delitos y garantizar mayor tranquilidad en zonas limítrofes.
Con el objetivo de preservar el orden público y combatir de manera frontal la incidencia delictiva, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, en coordinación con el Gobierno de México, pusieron en marcha un despliegue interestatal que prioriza la presencia institucional permanente.
La estrategia integra a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, así como a la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes actuarán de manera conjunta en puntos estratégicos previamente identificados.
Estrategia interestatal de seguridad
Este despliegue forma parte de una política integral orientada a reducir riesgos, reforzar la vigilancia y generar condiciones de seguridad para quienes viven, trabajan o transitan diariamente entre ambas entidades.
Además, la coordinación entre corporaciones permite una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier hecho con apariencia de delito, fortaleciendo así la capacidad operativa regional.
De manera paralela, se impulsa el intercambio constante de información para anticipar conductas delictivas.
Acciones conjuntas contra el delito
La operación contempla patrullajes constantes y recorridos preventivos en vialidades, caminos rurales y accesos estratégicos considerados como focos de atención prioritaria.
Este esquema permite incrementar la visibilidad policial, disuadir actividades ilícitas y mejorar la percepción de seguridad entre la población.
Asimismo, se fortalece la presencia territorial como medida preventiva.
Municipios con vigilancia prioritaria
En el estado de Tlaxcala, el despliegue se concentra en comunidades como Alpotzonga, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, San Antonio Atotonilco, San Mateo Atéyac, Tepetitla de Lardizábal y San Rafael Tenanyecac, donde se ha identificado alta movilidad regional.
Por su parte, en el estado de Puebla se refuerzan acciones en San Martín Texmelucan, San Antonio Arenas, San Miguel Tlaloc, San Lucas Atoyatenco, San Baltazar Temaxcalac y Moyotzingo, ampliando la cobertura de vigilancia.
Estas acciones buscan proteger corredores de conexión entre ambas entidades.
Vigilancia en zonas limítrofes
Las zonas colindantes reciben atención prioritaria mediante recorridos permanentes y presencia institucional visible, lo que permite reducir espacios de oportunidad para la comisión de delitos.
La supervisión constante facilita la detección temprana de conductas sospechosas.
De este modo, se fortalece el control territorial.
Puntos de control estratégicos
De manera conjunta, las corporaciones establecieron puntos de control en sitios donde se registra mayor incidencia delictiva, particularmente en los límites territoriales Tlaxcala–Puebla.
Estas acciones tienen como finalidad prevenir delitos, disminuir riesgos y reforzar la vigilancia preventiva en horarios estratégicos.
La planeación operativa garantiza mayor efectividad.
Inspecciones con apego a derechos humanos
Las inspecciones incluyen revisiones a vehículos particulares, motocicletas y personas que presenten actitudes inusuales, siempre bajo protocolos estrictos y con pleno respeto a los derechos humanos.
El trato digno y la legalidad rigen cada intervención realizada por las corporaciones.
Este enfoque fortalece la confianza ciudadana.
Proximidad social y confianza ciudadana
Además de la disuasión del delito, el despliegue busca fortalecer la proximidad social mediante contacto directo con la población, atendiendo reportes, denuncias y solicitudes de apoyo.
La interacción constante permite generar vínculos de confianza entre autoridades y ciudadanía.
Esto mejora la percepción de seguridad en la región.
Compromiso institucional permanente
La implementación del operativo consolida la cooperación interinstitucional como un eje clave para enfrentar retos de seguridad de manera regional y coordinada.
Las autoridades reiteraron su compromiso de trabajar de forma conjunta para fortalecer el Estado de derecho y proteger a las familias.
La paz y el bienestar regional se mantienen como prioridad.
