Programas para el Bienestar marcan un hecho histórico en 2026 al consolidar el acceso directo del pueblo al presupuesto público y reforzar derechos sociales básicos con una inversión superior a un billón de pesos. Esta política reafirma la prioridad social del Estado mexicano.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera subrayó que esta asignación presupuestal anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece el principio de justicia social y coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas. Además, destacó su impacto directo en millones de familias.
Desde su perspectiva, esta inversión representa una transformación profunda en la relación entre el gobierno y la ciudadanía, ya que ahora los recursos públicos llegan de forma directa a quienes más lo necesitan.
Presupuesto histórico con enfoque social
La legisladora señaló que el presupuesto destinado para 2026 garantiza derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y una vida digna, consolidando un modelo social con visión de largo plazo. Estos derechos se reflejan en apoyos directos y pensiones.
De manera especial, resaltó la importancia de las pensiones para personas adultas mayores, las cuales permiten mejorar sus condiciones de vida y ofrecer mayor estabilidad económica. Este apoyo se ha convertido en un pilar del bienestar social.
Asimismo, destacó que este modelo rompe con prácticas del pasado donde el presupuesto beneficiaba a sectores reducidos, generando desigualdad y exclusión social.
Acceso directo al presupuesto público
Ana Lilia Rivera afirmó que hoy la ciudadanía tiene acceso directo al presupuesto público mediante políticas sociales que eliminan intermediarios y prácticas discrecionales. Este cambio fortalece la confianza en las instituciones.
A diferencia de gobiernos anteriores, explicó que ahora los recursos se entregan como derechos y no como favores, lo que marca una diferencia clara con los modelos neoliberales del PRI y del PAN.
Este nuevo enfoque permite que el pueblo sea reconocido como sujeto de derechos y no como beneficiario condicionado.
Derechos constitucionales garantizados
La senadora enfatizó que estos apoyos no pueden ser considerados clientelares, ya que están incorporados en la Constitución y cuentan con un respaldo jurídico sólido. Esto asegura su permanencia en el tiempo.
Al tener rango constitucional, estas políticas no dependen de cambios políticos ni de coyunturas electorales, lo que brinda certeza a millones de personas en todo el país.
Además, destacó que el Estado mexicano tiene la obligación permanente de garantizar estos derechos, sin retrocesos ni condicionamientos.
Nuevos apoyos para 2026
En este contexto, la legisladora consideró fundamental que la población conozca los nuevos apoyos anunciados para 2026, entre ellos el destinado a útiles y uniformes para niñas y niños de primaria. Este apoyo busca fortalecer la educación desde edades tempranas.
Explicó que estas acciones alivian la carga económica de las familias y promueven la permanencia escolar, especialmente en comunidades con mayores necesidades.
Asimismo, señaló que informar a la ciudadanía es clave para que estos derechos sean valorados y defendidos colectivamente.
Defensa del bienestar y la igualdad
Ana Lilia Rivera concluyó que es necesario que el pueblo entienda que estos apoyos no son dádivas, sino derechos constitucionales conquistados mediante la lucha social. Su defensa es fundamental para evitar retrocesos.
Destacó que estas políticas garantizan bienestar, justicia social y un futuro con mayor igualdad, especialmente para los sectores históricamente marginados.
Finalmente, reiteró que la participación informada de la ciudadanía es esencial para consolidar este modelo social.
