Durante los Diálogos Circulares realizados este martes, el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que el documento emitido por la Fiscalía General de la República, relacionado con la supuesta “narco nómina” encontrada en Jalisco, desmiente la veracidad de dicho material. En este contexto, subrayó la importancia de analizar con responsabilidad la información oficial, especialmente frente a versiones que previamente circularon en medios de alcance nacional.
Versión oficial del organismo federal
De acuerdo con el informe, los hechos se registraron en Jalisco donde los inmuebles señalados no contaban con condiciones mínimas de seguridad para garantizar el resguardo adecuado del personal ministerial y pericial, lo que obligó a modificar el procedimiento inicial de intervención.
En consecuencia, no se realizó un aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino que se esperó a que la situación fuera contenida y se establecieran condiciones seguras, momento en el cual la Fiscalía solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo que permitiera ingresar legalmente a seis propiedades vinculadas con la investigación.
Irregularidades en el sitio investigado
De acuerdo al informe, previo al cateo oficial, diversas personas ingresaron a los inmuebles sin autorización legal, lo que derivó en una alteración directa del lugar y, por ende, en la posible contaminación de los indicios que posteriormente fueron difundidos públicamente.
Esta situación resulta determinante, ya que, según la propia Fiscalía, impide confirmar si los objetos o documentos señalados realmente fueron encontrados en el sitio, lo que pone en entredicho la autenticidad y veracidad de la información que circuló en torno al caso.
Postura del Gobierno estatal
Ante este escenario, el coordinador de Comunicación reiteró que el Gobierno del Estado mantuvo desde el inicio una postura prudente, cuestionando la autenticidad de los documentos difundidos y evitando validar información sin sustento oficial, lo cual hoy coincide con lo expuesto por la autoridad federal.
Además, recordó que la administración estatal fue de las primeras en pronunciarse sobre el tema, incluso antes que otras entidades como Jalisco y Michoacán, dejando claro su disposición para colaborar en cualquier investigación y ofreciendo todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos.
En ese sentido, reiteró que desde el inicio se planteó una pregunta clave sobre la autenticidad de los documentos difundidos, lo cual ahora se refuerza con la postura de la Fiscalía al señalar que no es posible determinar la veracidad de dichos elementos.
Asimismo, insistió en que el informe oficial debe ser el punto de referencia para entender el caso, destacando que la Fiscalía ha sido clara en su postura respecto a las limitaciones para validar los indicios.
