Familias afectadas explosión pipa de gas mantienen una lucha sostenida por justicia y reparación integral, a más de un año del siniestro ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en la colonia El Llanito, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, cuando una pipa de Gas Real presuntamente operada por Extra Gas S.A. de S.V. se incendió frente a un conjunto habitacional, provocando daños estructurales, pérdidas totales y la muerte de dos personas.
Desde entonces, las familias han impulsado acciones legales y gestiones institucionales sin resultados concretos, en un contexto que, acusan, refleja falta de debida diligencia por parte del Estado para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Crisis tras el siniestro
El incendio afectó directamente a ocho familias, quienes fueron desplazadas de sus viviendas de manera forzada por la emergencia, perdiendo no solo su patrimonio, sino también documentos personales y objetos de valor emocional.
“Con lo único que pudimos salir fue con lo que teníamos puesto”, relataron personas afectadas, al describir la magnitud de la pérdida y la urgencia con la que abandonaron sus hogares.
Ante la ausencia de una respuesta habitacional inmediata, las familias se organizaron para habilitar el salón social como espacio temporal dentro de la misma colonia, donde permanecen desde entonces en condiciones que no cumplen con estándares de vivienda adecuada.
Espera sin justicia
A más de 16 meses del hecho, la carpeta de investigación no ha sido judicializada, debido a la falta de dictámenes periciales clave, lo que ha retrasado la determinación de responsabilidades, incluyendo la implicación de la empresa Extra Gas S.A. de S.V.
“Ha sido un proceso muy difícil, muy pesado… de verdad un viacrucis”, señalaron, al referirse al desgaste emocional, social y legal que ha implicado la espera.
Retrasos en investigaciones
Los peritajes necesarios han enfrentado demoras prolongadas, ya que deben gestionarse con apoyo de otras entidades ante la falta de capacidad técnica local, lo que evidencia limitaciones estructurales en la procuración de justicia.
“Estamos en espera de un proceso que no se ha podido judicializar porque faltan dictámenes”, explicaron, subrayando que incluso estudios clave han tardado meses en completarse.
Falta de debida diligencia
Desde una perspectiva de derechos humanos, esta dilación representa una posible vulneración al derecho de acceso a la justicia, al no garantizarse una investigación pronta, efectiva e imparcial.
Además, las familias han tenido que asumir costos legales de manera independiente, lo que incrementa su carga económica tras la pérdida total de sus bienes.
Omisiones institucionales
Las personas afectadas denuncian que el acompañamiento institucional ha sido limitado, fragmentado y sin continuidad, lo que contraviene la obligación del Estado de brindar atención integral en situaciones de desastre.
“A pesar de todo… seguimos en la misma situación precaria”, afirmaron, al señalar la falta de apoyos sostenidos que les permitan reconstruir sus condiciones de vida.
Apoyo insuficiente
Si bien al inicio recibieron despensas y atención básica, estos apoyos disminuyeron progresivamente hasta desaparecer, obligando a las familias a gestionar por cuenta propia recursos para su subsistencia.
“Nosotros teníamos que ir a mendigar… a ver si nos daban despensa”, expresaron, evidenciando la precariedad en la que han tenido que sostenerse.
Falta de respuesta institucional
Las solicitudes de diálogo con autoridades no han derivado en soluciones concretas, lo que ha generado una percepción de abandono institucional.
“Nos dicen sí, pero no nos dicen cuándo”, señalaron, en referencia a la falta de claridad en los compromisos gubernamentales.
Riesgo persistente
El inmueble afectado permanece en condiciones críticas, con dictámenes que advierten sobre un posible colapso, lo que representa un riesgo para la comunidad de El Llanito.
Las familias han solicitado intervención preventiva de autoridades de protección civil, sin obtener respuestas suficientes, lo que podría implicar omisiones en la garantía del derecho a la seguridad.
Derechos humanos en el centro
El caso refleja afectaciones a derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda adecuada, el acceso a la justicia, la seguridad personal y la reparación integral del daño.
Desplazamiento y dignidad
El desplazamiento forzado interno derivado del siniestro ha colocado a las familias en una situación de vulnerabilidad prolongada, sin que existan mecanismos efectivos para restituir sus condiciones de vida.
Organización comunitaria
Frente a este escenario, las familias han desarrollado procesos de organización y acompañamiento mutuo para sostener su exigencia de justicia.
“Continuamos en la lucha… no hemos perdido la fe”, expresaron, reafirmando su agencia y resistencia frente a la adversidad.
Llamado a la empatía comunitaria
En medio del desgaste, las familias también hacen un llamado a las y los vecinos de la colonia El Llanito a informarse y acercarse a su situación, destacando que no se trata de una ocupación voluntaria del espacio, sino de una consecuencia directa del siniestro.
Las personas afectadas subrayan la importancia de la solidaridad comunitaria para evitar la estigmatización y fortalecer el acompañamiento social, recordando que la tragedia pudo haber afectado a cualquier familia de la zona.
Exigencia de justicia
Actualmente, cinco familias continúan habitando el espacio comunitario, mientras el resto mantiene su proceso legal desde otras condiciones, todas en espera de que se determinen responsabilidades claras.
A más de un año del siniestro, las familias reiteran su exigencia de justicia, reparación integral y garantías de no repetición, subrayando que su lucha busca no solo resarcir el daño, sino también evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
