El nuevo registro telefónico nacional entra en una nueva etapa tras la aprobación de una prórroga de 184 días naturales. La medida extiende el plazo hasta el 31 de diciembre, dando margen a millones de usuarios que aún no han vinculado su línea celular con su identidad mediante CURP.
Aunque el objetivo oficial es fortalecer la seguridad y apoyar la prevención de delitos como fraude y extorsión, la ampliación ha generado dudas sobre la capacidad real del sistema, su planeación inicial y la carga que representa para usuarios y operadores.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el avance del registro ya alcanza 63 millones de líneas vinculadas, lo que representa poco más del 43% del total del mercado móvil en México.
Calendario escalonado hasta diciembre
Registro por último dígito
El nuevo registro telefónico nacional establece un calendario por dígito final del número celular para usuarios de prepago. Las fechas van desde agosto hasta diciembre, con el 31 de diciembre como límite final para las líneas terminadas en 9.
El esquema es el siguiente:
Aunque el sistema busca ordenar el proceso, especialistas advierten que la concentración de fechas podría generar saturación en trámites digitales y físicos, especialmente en los últimos meses del año.
Riesgos de incumplimiento y suspensión de líneas
Servicios limitados tras el plazo
En caso de no cumplir con el registro, las compañías telefónicas podrán suspender las líneas en un plazo de 72 horas. Durante ese periodo, los usuarios solo tendrán acceso a llamadas de emergencia, atención con su operadora y alertas de protección civil.
Posteriormente, una vez completado el registro, el servicio será restablecido por completo. Aunque la medida busca incentivar el cumplimiento, también abre el debate sobre la dependencia del teléfono móvil en actividades cotidianas como trabajo, educación y seguridad personal.
Un sistema con cambios y tensiones regulatorias
Ajustes inesperados en la política pública
El anuncio de la prórroga marca un giro importante en una política que había sido presentada como inamovible. El calendario original fijaba el 30 de junio como fecha límite, pero ahora se extiende hasta diciembre bajo el argumento de facilitar el cumplimiento.
Este cambio ha sido interpretado como una señal de ajustes en la planeación del nuevo esquema, lo que también plantea dudas sobre la coordinación entre autoridades y empresas del sector.
Impacto en usuarios y operadores
El nuevo registro telefónico nacional también ha tenido efectos en el ecosistema de telecomunicaciones, operadores móviles han reportado pérdidas de usuarios y complicaciones técnicas para integrar el sistema de registro en sus plataformas.
Al mismo tiempo, el gobierno estimó que la implementación del sistema requerirá más de 4 mil millones de pesos en infraestructura, costo que inicialmente asumirán las empresas y que podría trasladarse a los consumidores.
Un modelo con respaldo internacional, pero cuestionado
El gobierno sostiene que el registro ayudará a combatir delitos y se alinea con prácticas de más de 160 países. No obstante, se critica la implementación apresurada, los cambios de calendario y la falta de claridad en algunos lineamientos podrían debilitar su efectividad.
Además, persisten dudas sobre la protección de datos personales y la supervisión del uso de la información recabada por las compañías telefónicas.
