La senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera pidió investigar a fondo las presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionados con la producción y suministro de materiales electorales. Además, exigió transparencia y rendición de cuentas para determinar posibles responsabilidades.
La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala sostuvo que ninguna empresa ni interés político o económico debe estar por encima del interés público.
Asimismo, señaló que las investigaciones deben desarrollarse con apego a la ley, sin proteger a personas o grupos involucrados en posibles actos de corrupción.
Rivera cuestiona uso político de irregularidades
La legisladora también criticó que sectores de la oposición pretendan utilizar los señalamientos de corrupción detectados en el INE para cuestionar desde ahora la legitimidad de las elecciones de 2027.
A su consideración, estos señalamientos también buscan afectar políticamente al Movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que distinguió entre la necesidad de investigar posibles irregularidades y los intentos de utilizarlas como argumento de confrontación política.
Sin embargo, insistió en que la revisión de los contratos debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Esto implica conocer cómo se desarrollaron los procedimientos de contratación y si existieron beneficios indebidos para particulares.
En ese sentido, sostuvo que la defensa de la democracia no solamente consiste en garantizar elecciones, sino también en vigilar que los recursos destinados a organizarlas se ejerzan correctamente.
Pide esclarecer contratos electorales
En sintonía con el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre los antecedentes de la red empresarial vinculada con los hermanos Hernández Casillas, Rivera Rivera consideró necesario revisar los mecanismos mediante los cuales estas empresas obtuvieron contratos relacionados con el Estado.
La coordinadora señaló que la información presentada este jueves por el Gobierno de México obliga a fortalecer los controles institucionales y esclarecer las presuntas irregularidades identificadas.
Además, planteó que las investigaciones deben responder preguntas fundamentales sobre el funcionamiento de estos esquemas empresariales.
Entre ellas, quiénes participaron, cómo operaron los mecanismos de contratación y si existieron responsabilidades administrativas o penales.
No obstante, puntualizó que cualquier responsabilidad deberá establecerse por las autoridades competentes, mediante los procedimientos legales correspondientes.
Transparencia y rendición de cuentas
Para la legisladora tlaxcalteca, combatir la corrupción requiere establecer mecanismos de vigilancia que funcionen independientemente de quién se encuentre al frente del Gobierno o de la filiación política de las personas involucradas.
Al respecto, insistió en que la rendición de cuentas debe aplicarse con los mismos criterios para todos los casos, sin distinciones ni privilegios.
“La rendición de cuentas no puede depender de quién gobierne o de la filiación política de las personas involucradas, debe aplicarse con el mismo rigor en todos los casos”, expresó.
Asimismo, afirmó que la transformación de la vida pública exige cerrar espacios a las prácticas que permiten el uso indebido de los recursos públicos.
Por ello, consideró que las instituciones deben responder a la ciudadanía y no a intereses particulares que busquen obtener beneficios económicos mediante contratos gubernamentales.
Fortalecimiento de Talleres Gráficos de México
Por otra parte, Rivera Rivera retomó los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los antecedentes de las empresas relacionadas con los contratos electorales.
La mandataria federal informó que la trayectoria de estas compañías se remonta a décadas atrás y anunció medidas para fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa pública encargada de producir materiales electorales.
Ante este escenario, la legisladora consideró que fortalecer las capacidades de dicha institución debe formar parte de las acciones para garantizar procesos de contratación transparentes.
De esta manera, señaló que el objetivo debe ser contar con instituciones confiables, mecanismos efectivos de supervisión y un manejo responsable del dinero público.
Finalmente, reiteró que la corrupción y las antiguas prácticas de poder no deben tener cabida en la democracia, por lo que llamó a esclarecer las posibles irregularidades sin encubrir intereses políticos o económicos.