Autoridades niegan abuso de fuerza en Nanacamilpa
Autoridades niegan abuso de fuerza en Nanacamilpa tras el operativo implementado para liberar carreteras bloqueadas por manifestantes. Además, rechazaron que durante la intervención se haya incurrido en privación ilegal de la libertad y defendieron que la actuación policial se realizó conforme a los protocolos establecidos.
Gobierno rechaza excesos
El secretario responsable del área explicó que la intervención tuvo como objetivo restablecer la circulación en vías federales afectadas por los bloqueos. Señaló que la protesta generaba complicaciones al tránsito vehicular y al traslado de mercancías, lo que provocaba afectaciones económicas en la región.
Por ello, indicó que se determinó actuar mediante un protocolo gradual que priorizó el diálogo antes de cualquier medida disuasiva. En este sentido, negó categóricamente que se haya utilizado fuerza excesiva durante el desalojo.
Intervención controlada
De acuerdo con la versión oficial, primero se entabló comunicación con los manifestantes para buscar una solución pacífica. Posteriormente, se aplicaron medidas disuasivas no letales con el objetivo de dispersar la concentración.
Las autoridades señalaron que se emplearon chorros de agua y gas lacrimógeno de manera controlada. Asimismo, insistieron en que no se registraron personas lesionadas durante el operativo.
Niegan privación ilegal
Funcionarios estatales también rechazaron que se haya cometido privación ilegal de la libertad contra los manifestantes. Afirmaron que no hubo personas puestas a disposición de autoridades ministeriales ni detenciones formales.
Indicaron que únicamente se realizaron acciones de contención y diálogo con los inconformes. Tras la dispersión, aseguraron, las personas se retiraron sin cargos ni procedimientos legales en su contra.
Postura oficial
Las autoridades sostuvieron que no existieron golpes ni agresiones directas por parte de los elementos de seguridad. Además, descartaron cualquier violación a los derechos humanos durante la intervención.
Subrayaron que el operativo buscó proteger a terceros afectados por el bloqueo y garantizar la movilidad en la zona. También recordaron que la obstrucción de vías federales constituye un delito, por lo que era necesario restablecer el tránsito.
Motivo del desalojo
El bloqueo carretero generó pérdidas económicas y afectaciones al transporte de mercancías, según señalaron las autoridades. Asimismo, afirmaron que la protesta escaló y dejó de ser pacífica.
Indicaron que algunos manifestantes portaban machetes y petardos, situación que, dijeron, representaba un riesgo para la seguridad pública y justificaba la intervención.
Coordinación institucional
El operativo se realizó en coordinación con autoridades federales y corporaciones estatales de seguridad. El objetivo principal fue restablecer la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los usuarios de las vías afectadas.
Las dependencias participantes actuaron de manera conjunta, priorizando tanto el respeto al derecho a la manifestación como la protección de terceros.
Respuesta a críticas
Tras el operativo, actores políticos cuestionaron la actuación de las autoridades e incluso solicitaron la renuncia del funcionario responsable. Sin embargo, el secretario defendió los resultados y aseguró que la intervención permitió restablecer el orden sin consecuencias mayores.
También afirmó que existe respaldo ciudadano a la liberación de las vías, debido a las afectaciones que generaban los bloqueos.
Contexto del conflicto
Los manifestantes planteaban diversas demandas relacionadas con el sector agrícola, entre ellas el precio del diésel y acuerdos comerciales. No obstante, la autoridad estatal señaló que varios de estos planteamientos excedían su ámbito de competencia.
Además, sostuvo que previamente se había intentado el diálogo, pero no se logró un acuerdo, lo que derivó en la decisión de intervenir para liberar las carreteras.
Las autoridades reiteraron que el operativo se realizó dentro del marco legal y con uso gradual de la fuerza. Insistieron en que no hubo abuso de autoridad ni privación ilegal de la libertad.
La postura oficial se mantiene, mientras continúa el debate público sobre la intervención en Nanacamilpa.