Prácticas educativas que fomentan violencia de género
Este martes, durante la concentración realizada frente de Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, los colectivos Mujer y Utopía junto a Medusas Sufragistas denunciaron la persistencia de violencia de género en las instituciones educativas mediante un pronunciamiento en el que afirmaron que la violencia en aulas, instituciones y espacios académicos continúa reproduciéndose mediante prácticas que, aunque normalizadas por autoridades y personal docente, siguen afectando gravemente a estudiantes y trabajadoras.
Detallaron que su participación en el Día Internacional por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres responde a la necesidad de visibilizar que las instituciones continúan fallando en garantizar condiciones de seguridad para las mujeres, ya que, señalaron, las agresiones persisten tanto en el ámbito educativo como en instancias públicas que deberían protegerlas.
Violencia en aulas y prácticas normalizadas en espacios académicos
Afirmaron que las instituciones educativas siguen siendo espacios donde el patriarcado opera de manera estructural y profunda, dado que en aulas y centros de formación prevalecen prácticas que refuerzan estereotipos, desalientan la libertad de pensamiento, criminalizan la organización estudiantil y reproducen dinámicas de hostilidad que afectan directamente a mujeres, quienes continúan enfrentándose a comportamientos que se disfrazan de enseñanza o disciplina pero que, en realidad, perpetúan desigualdades.
También señalaron que la educación actual mantiene esquemas que forman para la sumisión, por lo que insistieron en la urgencia de construir modelos pedagógicos que no solo enarbolen una perspectiva feminista en el discurso, sino que se basen de manera real en conocimientos liberadores, críticos, anticoloniales y abolicionistas que pongan a las mujeres en el centro, evitando así cualquier relación con la cultura patriarcal que las oprime.
Omisiones y complicidades institucionales
Asimismo, advirtieron que la justicia sigue siendo un proceso lleno de trabas burocráticas que no garantiza el acceso a la verdad, la reparación integral del daño ni la no repetición para las familias víctimas de violencia feminicida, lo cual —indicaron— representa una forma directa de violencia institucional que obstaculiza una verdadera justicia para las mujeres tlaxcaltecas.
Crítica a la iniciativa del diputado Héctor Ortiz sobre vientres de alquiler
Las colectivas recordaron que la iniciativa impulsada por el diputado Héctor Ortiz para legalizar el alquiler de vientres, aunque suspendida, forma parte de una tendencia preocupante que intenta presentar la explotación sexual y reproductiva como una forma de libertad, cuando en realidad, aseguraron, constituye una manera de convertir los cuerpos de las mujeres en mercancías, especialmente en contextos donde las desigualdades económicas y sociales profundizan la vulnerabilidad.
Explicaron además que esta propuesta se inserta en un escenario donde continúan reproduciéndose nuevas formas de colonización y extractivismo sobre los cuerpos de las mujeres, lo cual se agrava en Tlaxcala debido a que, mientras en otros países se protegen los derechos humanos de las mujeres, en la entidad se impulsa legislación que pone en riesgo su autonomía y convierte la reproducción en un negocio que beneficia a quienes poseen poder económico.
Llamado final a la organización y resistencia
También exigieron que los gobiernos de todos los niveles dejen de recurrir a campañas superficiales en fechas conmemorativas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo y cumplan con su obligación de generar políticas públicas con indicadores claros, acciones reales y seguimiento efectivo, recordando casos recientes como el feminicidio de Estefani N. cuya familia enfrenta un proceso judicial retrasado que ejemplifica la violencia institucional que persiste en Tlaxcala.