Este lunes, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala Ángelo Gutiérrez Hernández, acompañado por la diputada Miriam Martínez Sánchez, encabezó el posicionamiento oficial sobre la Reforma electoral.
Durante su mensaje, el dirigente subrayó que la discusión no puede reducirse a un ajuste administrativo o presupuestal, pues la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe analizarse en un contexto nacional marcado por hechos de violencia política, asesinatos de aspirantes, amenazas directas y regiones donde el crimen organizado ha presionado procesos electorales.
Riesgos para el árbitro electoral y el padrón
Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue el posible debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, ya que la eliminación de lo que se consideran duplicidades podría convertir en temporales estructuras fundamentales como las juntas distritales, lo que a su juicio afectaría la actualización permanente del padrón electoral y rompería con el servicio profesional de carrera que ha dado estabilidad y confianza al sistema durante décadas.
Ángelo Gutiérrez sostuvo que México tardó años en consolidar un árbitro ciudadano, autónomo y confiable, por lo que desmantelar su estructura territorial no sería un cambio menor, sino una transformación profunda que podría abrir la puerta a la centralización política y a la pérdida de confianza en los procesos locales, especialmente en estados donde la competencia ha sido cerrada y la alternancia una realidad.
Cambios en representación proporcional y contrapesos
En segundo término, el dirigente panista cuestionó el rediseño de la representación proporcional, particularmente la modificación de las listas cerradas y el nuevo esquema que prioriza a candidatos no ganadores, al considerar que en los hechos podría favorecer a las mayorías dominantes, debilitar los contrapesos en el Congreso e incentivar la permanencia de perfiles ya posicionados mediante esquemas de reelección indirecta.
Desde la óptica del PAN, estos ajustes no garantizan una mejor representación ciudadana, sino que podrían concentrar el poder y reducir la pluralidad que ha caracterizado al sistema electoral en los últimos años, lo que implicaría un retroceso en la construcción democrática alcanzada tras décadas de reformas y luchas ciudadanas.
Financiamiento público y riesgo de dinero ilícito
Otro de los ejes centrales del posicionamiento fue la reducción del financiamiento público bajo el argumento de austeridad, ya que, según el dirigente, disminuir los recursos legales sin cerrar al mismo tiempo el paso al dinero ilegal no representa un ahorro real, sino un riesgo que puede abrir la puerta a la infiltración del crimen organizado en campañas y estructuras partidistas.
En ese contexto, mencionó fenómenos como el huachicol fiscal, un esquema de evasión y contrabando que ha sido documentado en investigaciones periodísticas, y recordó el caso de Sergio Carmona, señalado como presunto operador financiero vinculado a campañas políticas, del cual existen testimonios, bitácoras de vuelo y publicaciones que, dijo, deben investigarse con total transparencia.
El dirigente puntualizó que si las acusaciones son falsas deben desmentirse con claridad, pero si resultan verdaderas estaríamos ante uno de los casos más graves de financiamiento criminal en la historia reciente del país, por lo que insistió en que el debate no es meramente técnico, sino moral y de seguridad nacional.
Condiciones innegociables del PAN
Ante este panorama, Acción Nacional estableció que no participará en ninguna negociación que no incluya candados estrictos contra el dinero ilícito, entre ellos fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad automática de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal, pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados con el crimen organizado y responsabilidad penal para dirigentes que avalen dichas candidaturas.
Durante la reunión estatal de estructuras también se abordaron temas internos como el cuidado de los actos anticipados de campaña y la instrucción de documentar y denunciar irregularidades para preparar estrategias jurídicas en momentos clave, con miras a fortalecer la legalidad rumbo a 2027.
Por su parte, la diputada Miriam Martínez respaldó la postura del dirigente estatal y reiteró que el PAN es el primer interesado en contar con un árbitro fuerte, autónomo y con recursos suficientes para organizar elecciones democráticas, al subrayar que en Tlaxcala la ciudadanía ha demostrado creer en la alternancia y en la pluralidad, valores que, afirmaron, no permitirán que se debiliten por omisión o cálculo político.