La Verificación a unidades convertidas a gas se consolidó en Tlaxcala como una medida clave para prevenir accidentes y garantizar traslados seguros en el transporte público. La estrategia obliga a concesionarios a cumplir con dictámenes técnicos y estándares actualizados.
La acción es encabezada por la Secretaría de Movilidad y Transporte de Tlaxcala (SMyT), en coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Tlaxcala, como parte de un programa que busca ordenar y supervisar las modificaciones hechas a vehículos que operan con gas LP o gas natural.
Revista vehicular y control obligatorio
El titular de la dependencia, Marco Tulio Munive Temoltzin, explicó que estas revisiones forman parte de la revista vehicular anual que se aplica tanto al transporte colectivo como a los taxis, con el fin de verificar que las condiciones mecánicas y técnicas sean seguras para las y los usuarios. Actualmente, en el estado existen 5 mil 800 concesiones, de las cuales mil 263 unidades cuentan con sistemas de conversión a gas, una alternativa adoptada por transportistas para disminuir costos de combustible.
Sin embargo, la autoridad normativa subrayó que cualquier modificación debe cumplir con criterios técnicos específicos, por lo que recientemente se publicó el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes, donde se establecen los requisitos obligatorios que deben cubrir los concesionarios que presenten vehículos con sistemas de gas, así como las instancias autorizadas para realizar la verificación y certificación correspondiente.
Supervisión técnica a vehículos con gas LP
Durante los primeros cuatro meses del año se lleva a cabo la revista vehicular, periodo en el que los concesionarios están obligados a presentar el dictamen de verificación de gas LP, documento que además debe permanecer visible dentro de la unidad como señal de cumplimiento. En caso de no contar con este requisito, el vehículo no puede aprobar la revisión ni obtener el refrendo necesario para operar legalmente.
Posteriormente, inspectores de la SMyT realizan revisiones aleatorias en diferentes rutas del transporte público y, si detectan unidades que no hayan cumplido con el trámite o que presenten irregularidades, se procede a retirarlas de circulación y aplicar las sanciones correspondientes, reforzando así el enfoque preventivo de la medida.
Vinculación educativa y certificación técnica
Con el objetivo de fortalecer el proceso de dictaminación, la dependencia firmó un convenio de colaboración con el Conalep Amaxac, plantel donde se imparte la carrera de autotrónica y que ahora participa activamente en la evaluación técnica de las unidades. El director estatal, Darwin Pérez y Pérez, explicó que esta colaboración permite vincular la formación académica con prácticas reales del sector transporte, generando experiencia directa para estudiantes y docentes especializados.
Los dictaminadores cuentan con certificaciones emitidas por el propio subsistema educativo y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que respalda la calidad técnica del proceso. Para poner en marcha este esquema se realizó una inversión de 250 mil pesos destinada al equipamiento de talleres y a los procesos de certificación, garantizando herramientas adecuadas para las revisiones.
Resultados y alcance del programa
Como resultado de esta estrategia conjunta, hasta el momento se han realizado 352 dictámenes a unidades que operan con gas LP en distintas rutas del estado, lo que refleja un avance significativo en el control y supervisión del parque vehicular. El costo del dictamen técnico es de 800 pesos por unidad y, además de la revisión del sistema de gas, se evalúan las condiciones físicas y mecánicas generales del vehículo para asegurar su óptimo funcionamiento.
Con estas acciones, la Verificación a unidades convertidas a gas se posiciona como un mecanismo preventivo que protege a miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público en Tlaxcala. Al mismo tiempo, fortalece la profesionalización del sector y genera un puente entre educación tecnológica y necesidades reales de movilidad, consolidando un modelo que combina seguridad, regulación y formación técnica.