La ruta Pizaco-Tlaxcala enfrenta un proceso formal de regularización luego de que autoridades estatales confirmaran que dos empresas han operado por más de tres décadas sin contar con concesión o permiso vigente otorgado por autoridad competente, lo que abre un nuevo capítulo en el ordenamiento del transporte público en Tlaxcala.
Durante los Diálogos Circulares de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado, el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin, explicó que el análisis realizado por la dependencia fue minucioso y consideró tanto la legislación estatal como la federal para determinar con claridad qué autoridad es la competente para regular el servicio que se presta en este corredor.
El funcionario detalló que la red federal de carreteras representa el 70% del total de las vías de comunicación en el territorio estatal, lo que provoca que buena parte de la problemática del transporte público de pasajeros se concentre en tramos de jurisdicción federal como la Puebla-Tlaxcala, la Ruta 119, la Apizaco-Tlaxcala, la Ruta 117, la Vía Corta, la Ruta 121, la Ruta 136 y la Tlaxcala-San Martín.
Marco legal y competencia de autoridades
Munive Temoltzin subrayó que, conforme a la Ley de Comunicaciones y Transporte del Estado de Tlaxcala y al artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el servicio público de pasaje debe operar mediante concesión, autorización o permiso vigente, según la jurisdicción que corresponda, por lo que ningún servicio puede prestarse fuera de ese marco normativo.
En el caso específico del corredor Apizaco-Tlaxcala, indicó que las empresas ATAH y Espresso Xicohténcatl aQhan brindado el servicio durante aproximadamente 30 años utilizando unidades tipo Sprinter, pero sin contar actualmente con concesión estatal ni autorización federal vigente, situación que detonó el análisis jurídico y técnico para definir el procedimiento de regularización.
El tramo federal que utilizan es de 17 kilómetros, mientras que el tramo estatal abarca 4.2 kilómetros, lo que obligó a revisar si el tipo de unidad, la longitud del recorrido y la existencia de terminales cumplían con las disposiciones del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
Clasificación del servicio y características técnicas
La normativa federal contempla servicios de lujo y ejecutivo, de primera, económico y mixto, cada uno con especificaciones claras respecto al tipo de unidad, antigüedad permitida y condiciones de operación, como viajes directos origen-destino, asientos reclinables, sanitarios o divisiones internas para transporte combinado de pasajeros y carga.
Tras comparar esas categorías con las características del servicio que actualmente se presta en el corredor mencionado, la Secretaría concluyó que, por el tipo de unidad utilizada y la forma de operación, no se configura como un servicio federal en sentido estricto, especialmente porque no cumple con requisitos esenciales como terminales formales de ascenso y descenso en origen y destino.
El artículo 24 establece que los servicios federales deben contar con terminales autorizadas en las poblaciones donde inicie o termine el recorrido, y la Secretaría correspondiente debe emitir normas sobre sus especificaciones, lo cual no se cumple plenamente en este caso, pues las empresas únicamente hacen base en Apizaco y en la ciudad de Tlaxcala.
Permisos en tramos federales menores a 30 kilómetros
La legislación también señala que cuando los recorridos no excedan de 30 kilómetros sobre caminos de jurisdicción federal, los autotransportistas estatales pueden tramitar un permiso para transitar por dichos tramos, siempre que el ascenso y descenso de pasajeros no se realice en la vía federal y que la ruta complemente un recorrido autorizado por autoridades locales.
Dado que el tramo federal utilizado es de 17 kilómetros, las empresas podrían acceder a ese permiso una vez que obtengan la concesión estatal correspondiente, lo que permitiría encuadrar legalmente la operación y evitar infracciones futuras.
En 2023, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Movilidad del Estado solicitaron formalmente a la Dirección General de Autotransporte Federal que informara si contaba con facultades para regular y cobrar contribuciones a las empresas que operan en esta ruta; sin embargo, la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue que no tenían competencia para hacerlo.
Declaratoria de necesidad pública y concesiones
El 20 de septiembre de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la declaratoria de existencia de una necesidad pública para el servicio de transporte colectivo con itinerario fijo en el tramo carretero hacia Sacotlascala, documento que reconoce la importancia social del servicio y establece que las empresas que han operado por más de 30 años tendrán prioridad en el otorgamiento de concesiones.
Además, se contempla la expedición de un permiso provisional durante el proceso de regularización, mientras se realizan estudios técnicos de factibilidad para determinar el número adecuado de concesiones y evitar tanto la sobreoferta como la insuficiencia de unidades.
El análisis incluye la posibilidad de respetar la ruta como circuito y otorgar beneficios en el pago de derechos de concesión a quienes incorporen unidades híbridas o eléctricas, impulsando así una transición hacia un transporte más sostenible y moderno.
Convenio histórico y beneficios para usuarios
El secretario recordó que el 25 de mayo de 2025 se anunció la firma del primer convenio de coordinación en el país para delimitar tramos carreteros y caminos de jurisdicción federal entre la Federación y el Estado de Tlaxcala, instrumento que busca mitigar conflictos y facilitar la regulación del transporte público en corredores estratégicos.
Actualmente se trabaja en el convenio específico que permitirá ordenar definitivamente rutas como la 119 y la 121, consideradas las de mayor problemática en la entidad, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, regulado y con certeza jurídica.
Finalmente, el funcionario reiteró que la prioridad es proteger el sustento de las familias que dependen de esta actividad, pero también asegurar que las personas usuarias cuenten con seguro de viajero, conductores con licencia adecuada, unidades en condiciones óptimas y tarifas reguladas, consolidando así un sistema de transporte más ordenado y confiable para la juventud y la población en general.