La violencia obstétrica en Tlaxcala genera preocupación por su alta incidencia y la falta de datos locales, advirtió Óscar Xicohténcatl Pérez, Presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala, durante los diálogos circulares de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado, al señalar que el problema sigue invisibilizado pese a su impacto en miles de mujeres.
Aunque en el estado no existen registros propios sobre este fenómeno, el funcionario explicó que se cuenta con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual revela que entre 2016 y 2021 el 38.5% de las mujeres de entre 16 y 49 años reportaron algún tipo de maltrato durante la atención médica en el embarazo, parto o puerperio, cifra que coloca a Tlaxcala como la segunda entidad con mayor prevalencia a nivel nacional.
En términos generales, se estima que alrededor de 32 mil mujeres que acudieron a servicios de salud por temas relacionados con embarazo y parto presentaron quejas por este tipo de prácticas, siendo las más afectadas las jóvenes entre 15 y 24 años, lo que refleja una problemática que impacta principalmente a sectores vulnerables y evidencia fallas estructurales en el sistema de salud.
Respecto a las instituciones donde más se reportan estos casos, el titular de la Comisión señaló al Instituto Mexicano del Seguro Social como la dependencia con mayor número de incidencias, seguido por el ISSSTE y el sistema IMSS-Bienestar, lo que confirma que la problemática se concentra principalmente en el sector público.
Uno de los indicadores más claros de estas prácticas es el número de cesáreas que se realizan, ya que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje recomendado oscila entre el 10 y el 15%, mientras que en Tlaxcala, particularmente en el IMSS, esta cifra alcanza hasta el 50%, lo que sugiere la realización de procedimientos sin justificación médica y que también son considerados como una forma de violencia.
El funcionario explicó que este tipo de violencia puede manifestarse de distintas maneras, como la psicológica, que incluye malos tratos, gritos, humillaciones y actitudes despectivas por parte del personal médico, así como la física, que se relaciona con intervenciones realizadas sin el consentimiento informado de las pacientes, como episiotomías innecesarias, cesáreas injustificadas o la aceleración del parto mediante medicamentos.
Asimismo, señaló que uno de los problemas más graves y menos visibles es la negligencia o el rechazo en hospitales, donde mujeres embarazadas son enviadas a otros centros de salud por falta de personal como anestesiólogos, pediatras o médicos disponibles, situación que en algunos casos ha derivado en partos fuera de las instalaciones médicas, poniendo en riesgo la vida de la madre y del recién nacido.
Ante este panorama, destacó que en 2023 se logró un avance importante al incluir la violencia obstétrica como delito en el código penal del estado, lo que permite sancionar tanto de manera administrativa como legal al personal de salud que incurra en estas prácticas, posicionando a Tlaxcala como una de las ocho entidades del país que ya reconocen esta problemática en su legislación.
Además, anunció la creación de un Observatorio de Violencia Obstétrica, el cual será integrado por diversas instituciones como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de la Mujer, con el objetivo de generar datos, visibilizar el problema y diseñar políticas públicas que mejoren la atención médica.
De manera paralela, se busca impulsar modelos alternativos como el parto humanizado, que prioriza el respeto, la dignidad y la autonomía de las mujeres durante el proceso de gestación y nacimiento, tomando como referencia experiencias exitosas en entidades como Tabasco, donde ya existen hospitales especializados en este tipo de atención.
Finalmente, el titular de la Comisión reconoció que uno de los principales obstáculos para erradicar este problema es la normalización y el silencio, ya que muchas mujeres no denuncian por desconocimiento o por considerar que el maltrato es parte del proceso, por lo que insistió en la importancia de informar, visibilizar y garantizar una atención digna para todas.