Denuncian uso de servidores públicos en proselitismo mediante un llamado ciudadano para documentar y reportar posibles irregularidades durante el proceso interno de Morena en Tlaxcala
Denuncian uso de servidores públicos en proselitismo mediante una convocatoria ciudadana para documentar presuntas actividades político-electorales realizadas durante el horario laboral por trabajadores del gobierno en Tlaxcala.
La convocatoria comenzó a difundirse en distintos espacios de redes sociales luego de que surgieran señalamientos sobre un presunto uso de la estructura gubernamental para promover el proyecto político encabezado por Alfonso Sánchez. Los promoventes piden a la ciudadanía documentar y denunciar cualquier posible irregularidad por las vías institucionales correspondientes.
Llaman a documentar posibles irregularidades
Ciudadanos difundieron un exhorto para que la población registre, mediante fotografías, videos u otros elementos de prueba, aquellos casos en los que servidores públicos presuntamente participen en actividades de promoción política durante su jornada laboral.
Además, los promoventes solicitaron a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar, conforme a sus atribuciones, si existe alguna responsabilidad administrativa o electoral, una vez que los ciudadanos presenten las evidencias por los canales institucionales correspondientes.
Los impulsores de la iniciativa señalaron que la intención no es sustituir el trabajo de las instituciones, sino contribuir con información que permita esclarecer cualquier posible irregularidad dentro del marco legal.
Contexto del llamado ciudadano
Señalamientos sobre presuntas presiones
De acuerdo con quienes promueven esta convocatoria, el llamado surgió después de que trabajadores del servicio público manifestaran presuntas presiones y actos de coacción para incorporarse a actividades relacionadas con la promoción política del grupo gobernante en Tlaxcala.
Hasta el momento, los promoventes de la convocatoria han difundido estas manifestaciones como señalamientos públicos. Ahora corresponde a las autoridades competentes investigarlas para determinar su veracidad y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Los ciudadanos insistieron en que cualquier denuncia debe estar respaldada por evidencia suficiente y presentarse mediante los mecanismos institucionales establecidos, con el objetivo de garantizar un debido proceso.
Piden intervención de las autoridades
Investigación conforme a derecho
La convocatoria también solicita que las autoridades administrativas y electorales revisen cada caso que eventualmente sea denunciado.
De acuerdo con el exhorto, corresponderá exclusivamente a las instancias competentes determinar si existió o no alguna conducta contraria a la normatividad vigente.
Asimismo, los promoventes pidieron a las autoridades investigar los hechos con imparcialidad y apego al marco jurídico, respetando los derechos tanto de quienes denuncian como de quienes eventualmente sean señalados.
Buscan proteger la función pública
Los ciudadanos que respaldan esta iniciativa afirmaron que los servidores públicos deben cumplir las funciones para las que fueron contratados y anteponer sus responsabilidades institucionales a cualquier actividad de carácter político o partidista.
También señalaron que las instituciones deben utilizar los recursos públicos exclusivamente para los fines establecidos por la ley a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.
En ese sentido, afirmaron que la vigilancia ciudadana constituye un mecanismo de participación democrática que puede fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas cuando se ejerce de manera responsable.
Participación ciudadana y legalidad
Vigilancia con pruebas documentales
El llamado enfatiza que la documentación responsable de posibles irregularidades representa una herramienta legítima para contribuir a la actuación de las autoridades competentes.
Por ello, los promoventes exhortaron a la ciudadanía a obtener las evidencias con apego a la legalidad y presentarlas posteriormente mediante los canales oficiales de denuncia.
Finalmente, reiteraron que corresponderá únicamente a las autoridades investigar los hechos, valorar las pruebas y, en caso de acreditarse alguna conducta irregular, establecer las responsabilidades administrativas o electorales que procedan conforme a derecho.
