La Ley de Aguas Nacionales encabezó un posicionamiento por parte de la dirigencia estatal del PRI en Tlaxcala, para denunciar que la reforma impulsada por Morena criminaliza el uso del agua en el campo y amenaza el patrimonio de miles de familias productoras.
El dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, informó que los 32 comités estatales difundieron de manera simultánea el mismo posicionamiento nacional. Destacó que la iniciativa presidencial centraliza el control del agua, elimina concesiones históricas y sustituye el acceso al recurso por permisos anuales sujetos a discrecionalidad gubernamental.
Padilla explicó que la propuesta no incorpora diagnósticos técnicos del sector rural ni considera a agricultores, ganaderos, silvicultores o mujeres trabajadoras del campo. Subrayó que la reforma impone multas de hasta siete millones de pesos y penas de cárcel que pueden llegar a 12 años, lo cual coloca en riesgo a quienes dependen del riego para sostener su producción primaria.
Impactos y consecuencias para los productores
La dirigencia estatal advirtió que, con la eliminación de los títulos de concesión heredables, se rompe la certeza jurídica construida por generaciones. La reforma prohibiría vender, ceder o heredar derechos de uso de agua, afectando la seguridad patrimonial de millones de familias dedicadas a la agricultura.
Riesgos para la infraestructura hídrica
Los módulos y asociaciones de riego desaparecerían. Serían sustituidos por órganos controlados por dependencias federales, lo cual significaría, según Padilla, un mecanismo adicional de control político que debilitaría la corresponsabilidad local y vulneraría leyes estatales vigentes.
Consecuencias para el campo tlaxcalteca
Durante la conferencia, el coordinador distrital federal, Petronilo Rondán, alertó sobre la falta de infraestructura adecuada para recibir la próxima cosecha de maíz en la zona poniente del estado. Explicó que la región carece de bodegas suficientes, maquinaria, básculas y condiciones sanitarias mínimas para manejar volúmenes crecientes de producción.
Las únicas instalaciones medianamente funcionales —antiguos espacios de Conasupo— resultan insuficientes para municipios como Hueyotlipan, Españita, Sanctórum y Benito Juárez. Rondán solicitó que los gobiernos federal y estatal atiendan con urgencia las necesidades del sector, sobre todo ante el inicio del ciclo de cosecha.
Actividades recientes del partido
Padilla detalló que el domingo acompañaron el informe de actividades de la diputada Sandra Aguilar en Apizaco, donde se enfatizó el programa Primero Tu Mente, orientado a fortalecer entornos escolares sanos.
El sábado se realizó un mercado artesanal coordinado por la Organización de Mujeres Priistas (OMPRI), que reunió a cerca de 60 emprendedoras. La dinámica busca fortalecer economías familiares y consolidar redes de apoyo municipales.
Emprendimiento ecológico y producción responsable
El dirigente juvenil Ivanov presentó avances del Huerto Tlaxcala, un proyecto certificado con una calificación de 5 de 5 en estándares agroecológicos. Explicó que el modelo utiliza prácticas de bajo impacto ambiental, agua de pozo cercana, insumos locales y procesos sustentables que pueden replicarse en espacios reducidos.
Padilla destacó que el PRI impulsa proyectos ecológicos, actividades deportivas como la Copa PRI y acciones de inclusión social como la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Señaló que estos programas responden a causas y no solo a actividades, en un esfuerzo por reconstruir el tejido social y promover igualdad de derechos.
Planeación y agenda nacional
El dirigente informó que esta semana participará en una capacitación del Comité Ejecutivo Nacional para definir metas estratégicas de 2026. Además, el viernes se celebrará la sesión del Consejo Político Nacional con la asistencia de mujeres tlaxcaltecas invitadas por la dirigencia nacional.
El encuentro concluyó con un llamado del PRI estatal a defender el patrimonio de los productores, garantizar derechos de agua y evitar que la reforma avance sin diálogo con el sector agroalimentario.
