Reforma y pensiones públicas
La reforma al artículo 127 constitucional fue respaldada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien votó a favor de la iniciativa que establece criterios de justicia y responsabilidad presupuestaria en los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos, al considerar que permitirá fortalecer la confianza del pueblo en el manejo del dinero público y evitar excesos que se registran en algunos sistemas de retiro del Estado.
Durante la discusión en el Senado de la República, la legisladora destacó que el objetivo central de la modificación constitucional es garantizar un uso responsable de los recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos, al tiempo que se mantiene el respeto pleno al derecho de las personas trabajadoras a recibir una pensión digna después de años de servicio.
La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió el respaldo unánime de las y los senadores, lo que refleja, según explicó Rivera Rivera, la importancia de construir un sistema legal coherente que permita ordenar los mecanismos de jubilación financiados con recursos del Estado y garantizar mayor transparencia en el uso del presupuesto público.
Cambios en el sistema de retiro público
Orden en jubilaciones del Estado
La senadora tlaxcalteca subrayó que el derecho a una pensión digna es un principio fundamental que debe protegerse en cualquier sociedad democrática, ya que representa el reconocimiento al trabajo realizado durante años por miles de servidoras y servidores públicos; sin embargo, puntualizó que también es indispensable que los recursos destinados a este fin se administren bajo principios de justicia, proporcionalidad y responsabilidad presupuestaria.
En ese sentido, explicó que la reforma establece un criterio razonable dentro del marco constitucional, ya que si la Constitución fija límites para las remuneraciones en el servicio público, también resulta lógico establecer parámetros para las pensiones que se pagan con recursos del Estado, lo cual permitirá evitar desequilibrios financieros y garantizar que el sistema sea sostenible en el largo plazo.
Además, la legisladora señaló que esta medida contribuirá a fortalecer la coherencia del marco jurídico mexicano, al alinear las reglas relacionadas con los ingresos de las personas servidoras públicas y los esquemas de retiro financiados con recursos públicos, lo que permitirá consolidar un modelo más equitativo y transparente.
Equilibrio entre derechos y responsabilidad
Rivera Rivera enfatizó que es importante dejar claro que el cambio constitucional no elimina el derecho a una pensión ni desconoce la dignidad que debe acompañar a toda jubilación después de una vida de trabajo, por lo que rechazó interpretaciones que señalan que la reforma afectará a quienes han dedicado su trayectoria al servicio público.
Por el contrario, explicó que el objetivo es armonizar dos principios fundamentales de la vida pública: por un lado, garantizar el derecho legítimo de las personas trabajadoras a contar con un retiro digno y, por otro, asegurar que el dinero del pueblo se administre con responsabilidad, evitando privilegios que puedan generar desigualdades dentro del sistema.
La senadora afirmó que la función pública debe entenderse como un servicio al pueblo y no como un espacio para sostener beneficios desproporcionados financiados con recursos de la sociedad, por lo que la reforma representa un paso importante para consolidar un modelo institucional basado en la honestidad y la rendición de cuentas.
Garantías para trabajadores y pensionados
Protección a ahorros individuales
Durante su intervención en tribuna, Ana Lilia Rivera también aclaró que el cambio constitucional no afecta los ahorros individuales para el retiro ni los sistemas construidos con las aportaciones directas de las y los trabajadores, ya que estos mecanismos continúan operando bajo las reglas vigentes y no forman parte de las modificaciones planteadas en la reforma.
Asimismo, subrayó que la iniciativa tampoco pone en riesgo los apoyos sociales que reciben millones de personas adultas mayores en el país, ni los programas destinados a personas con discapacidad, los cuales seguirán garantizados dentro de la política social del Estado mexicano.
De esta manera, explicó que el alcance de la reforma se concentra únicamente en los esquemas de jubilación financiados directamente con recursos públicos, con el propósito de establecer criterios más claros que permitan ordenar su funcionamiento y evitar distorsiones presupuestarias.
Fortalecer la confianza pública
Finalmente, Rivera Rivera señaló que el fortalecimiento del marco constitucional en materia de pensiones y remuneraciones públicas envía un mensaje claro sobre la importancia de administrar con honestidad el dinero del pueblo, ya que la ciudadanía exige instituciones responsables y transparentes en el manejo de los recursos públicos.
La legisladora consideró que esta reforma permitirá reforzar la confianza de la sociedad en el gobierno y en las instituciones del Estado, al establecer reglas más claras para el uso del presupuesto y garantizar que las decisiones relacionadas con jubilaciones y pensiones se adopten bajo criterios de equidad y responsabilidad financiera.
Con ello, concluyó, México avanza hacia un sistema más justo y sostenible que reconoce los derechos de las personas trabajadoras, pero que también protege el interés colectivo al asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente, responsable y en beneficio de toda la población.
