Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron la iniciativa que reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público.
Este lunes, 23 de septiembre, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron una reforma trascendental para garantizar de manera integral los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en México.
La Senadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, destacó que el proyecto de decreto, aprobado previamente por la colegisladora el 18 de septiembre, reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Reconocimiento y Autodeterminación de Comunidades
La legisladora tlaxcalteca subrayó que este dictamen faculta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para tomar decisiones de manera libre en sus asambleas y comunidades
. Asimismo, se les otorga el derecho de instituir sus propias formas de gobierno, así como desarrollar sus propias estructuras económicas, sociales y culturales. Esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de la autodeterminación y autonomía de estas comunidades, permitiéndoles preservar y fortalecer sus tradiciones y modos de vida.
Derechos a la Consulta y Medidas contra la Discriminación
Ana Lilia Rivera resaltó que el dictamen aprobado asegura el derecho de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando cualquier medida legislativa o administrativa pueda afectar sus intereses. Además, obliga a la Federación, estados y municipios a implementar acciones efectivas para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y la invisibilidad que históricamente han sufrido estas comunidades.
Con esta reforma, se busca establecer un marco jurídico más equitativo e incluyente, reconociendo y valorando la diversidad cultural y social de México. La aprobación de este dictamen representa un paso firme hacia la construcción de un país más justo, donde todos los sectores de la población sean respetados y considerados en el desarrollo de políticas públicas.
