Certificación institucional policial redefine la seguridad pública
Certificación institucional policial se consolida como el eje central de la política de seguridad en 2026, luego de una serie de reformas federales que obligan a estados y municipios a fortalecer sus corporaciones mediante controles más estrictos y procesos de profesionalización.
Durante los Diálogos Circulares de la Coordinación de Comunicación, Maximino Hernández, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, explicó que estas modificaciones responden a una ruta nacional que busca garantizar policías confiables, evaluados y con mejores condiciones laborales.
El funcionario detalló que la nueva estrategia nacional de seguridad marcó el inicio de cambios legales que hoy impactan directamente en las corporaciones municipales, estatales y en las fiscalías locales.
Reformas nacionales en materia de seguridad
La ruta de transformación comenzó con la presentación de la nueva estrategia nacional de seguridad impulsada por el gobierno federal, la cual fue acompañada por acuerdos emitidos durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública con impacto obligatorio en todo el país.
Posteriormente, se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos artículos transitorios obligaron a las entidades federativas a homologar su marco normativo local.
Este proceso legal abrió paso a nuevas figuras de control institucional que hoy comienzan a aplicarse de manera gradual en todos los estados.
Certificación institucional de corporaciones policiales
La actualización del artículo 53 de la ley general introdujo la figura de certificación institucional, la cual ya no se limita únicamente a evaluar policías de manera individual, sino que ahora obliga a certificar a las corporaciones en su conjunto.
Evaluación integral de policías
Todos los elementos policiales deben someterse a exámenes médicos, pruebas toxicológicas de sangre y orina, evaluaciones psicológicas, polígrafo y procesos de formación inicial o equivalente, además de cursos de competencias básicas.
Estos requisitos permiten obtener la Certificación Única Policial, conocida como CUP, la cual se convierte en un filtro indispensable para garantizar la confianza ciudadana.
Registro nacional de personal
Un segundo requisito clave consiste en que el cien por ciento de los policías evaluados sean dados de alta en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Este sistema concentra información biométrica, huellas dactilares, tipo de sangre y antecedentes administrativos, lo que permite verificar que quienes portan armas y resguardan a la población estén libres de procesos legales.
Sin este registro, ningún elemento puede acceder a la licencia oficial colectiva para portar armamento.
Estado de fuerza mínimo garantizado
La ley establece como base un estado de fuerza mínimo de un policía por cada mil habitantes, lo que obliga a los municipios a ajustar su número de elementos conforme a su población.
Además, existe un acuerdo nacional que establece una ruta de crecimiento gradual del 25 por ciento en las corporaciones rumbo al periodo 2026–2030.
Este compromiso responde a estándares internacionales recomendados por la ONU.
Situación actual en los municipios
La mayoría de los municipios cumple con el estado de fuerza ideal, aunque algunos presentan rezagos derivados de renuncias registradas en diciembre, cuando varios elementos decidieron abandonar las corporaciones ante la entrada en vigor de las nuevas disposiciones legales.
A pesar de ello, ya existe una programación estatal para aplicar evaluaciones de control de confianza a nuevos aspirantes en los 60 municipios.
Estas evaluaciones son financiadas con recursos federales y forman parte de los compromisos establecidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Acceso a recursos federales
El cumplimiento de los requisitos permite a los municipios acceder a fondos federales destinados al fortalecimiento institucional.
El 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el 100 por ciento del FOFIST solo se asignan a municipios que acrediten al menos el 75 por ciento de su personal evaluado y aprobado.
Actualmente, solo algunos municipios cumplen plenamente con estas disposiciones.
Mejoras laborales para policías
Otro componente fundamental de la reforma es la mejora de condiciones laborales para los policías municipales.
Homologación salarial y prestaciones
De acuerdo con estudios nacionales, el salario ideal para policías municipales oscila entre 15 y 16 mil pesos mensuales.
Hasta el momento, 38 municipios ya aprobaron en cabildo la homologación salarial, destinando recursos directamente al ingreso de los elementos.
Además, se contempla seguridad social, seguro de vida, gastos funerarios y otras prestaciones.
Municipios con limitaciones económicas
Cuatro municipios manifestaron no contar con capacidad financiera para implementar estas mejoras durante el presente año.
Estos casos fueron Calpulalpan, Mazatecochco, San Lucas Tecopilco y San Juan Huactzinco.
Las negativas debieron sustentarse con argumentos financieros debidamente justificados.
Seguimiento y transparencia
El Sistema Nacional dará seguimiento puntual a cada municipio mediante enlaces del C3.
Las certificaciones se entregarán conforme se cumpla la ley y serán públicas.
Esto permitirá identificar a los primeros gobiernos municipales en cumplir con esta nueva figura institucional.