Está mañana, durante los diálogos circulares de la Coordinación de comunicación del gobierno del estado, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido mencionó que la armonización de la ley de seguridad en Tlaxcala marca un punto de inflexión en la política pública del estado, al introducir cambios estructurales que no solo impactan la forma de operar de las instituciones, sino que transforman de fondo la estrategia con la que se atiende la seguridad ciudadana, alineándola con el modelo federal impulsado a nivel nacional.
La reciente reforma legal establece nuevas prioridades, obligaciones y responsabilidades para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, destacando el papel que ahora deben asumir los municipios en materia de seguridad pública, un aspecto que resulta clave para comprender por qué la estrategia estatal ha cambiado y por qué la atención ya no puede concentrarse en una sola autoridad.
Desde el Sistema Estatal de Seguridad Pública se explicó que la adecuación normativa responde a la armonización de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la legislación local, un proceso que entró en vigor de manera plena y que obliga a replantear la operación institucional, la coordinación intergubernamental y la forma en que se diseñan las políticas de prevención y combate a la delincuencia.
Cambios estructurales en la estrategia de seguridad
Uno de los principales ajustes derivados de la nueva ley es la redistribución de responsabilidades, ya que los ayuntamientos están obligados a asumir un papel más activo en la seguridad de sus territorios, lo que implica fortalecer a sus corporaciones policiacas, invertir mayores recursos y participar de manera directa en los mecanismos de coordinación estatal y federal.
Este cambio busca que la ciudadanía comprenda que la seguridad es una tarea compartida y que existen múltiples autoridades responsables de garantizarla, lo que también permite una atención más cercana a las problemáticas locales y una respuesta más rápida ante los distintos tipos de delitos que afectan a las comunidades.
Alineación normativa y fortalecimiento institucional
La legislación armonizada incorpora figuras que antes no existían en el marco legal local, como la certificación institucional obligatoria, la cual establece que tanto el estado como los municipios deben garantizar que sus corporaciones policiales cumplan con estándares profesionales, éticos y de capacitación adecuados para el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se fortalece el servicio profesional de carrera policial, la dignificación laboral de los elementos de seguridad y la profesionalización constante a través de instituciones de capacitación especializadas, lo que busca mejorar no solo el desempeño operativo, sino también la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.
Prevención y atención a las causas
Un eje central de la estrategia es la atención a las causas de la violencia y la delincuencia, priorizando acciones preventivas y de proximidad social que permitan intervenir antes de que los conflictos escalen, mediante programas comunitarios, jornadas de paz, atención a la salud mental y la recuperación de espacios públicos en coordinación con autoridades municipales.
Coordinación y fortalecimiento policial
En el ámbito operativo, la estrategia contempla el fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las corporaciones estatales y municipales, así como la ampliación de la infraestructura mediante nuevos cuarteles que permitan una mayor cobertura territorial y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo.
De manera paralela, se trabaja en el incremento del estado de fuerza policial, con el objetivo de alcanzar estándares internacionales en el número de policías por habitante, además de mejorar las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de los elementos, acciones que ya han sido adoptadas por una parte importante de los municipios del estado.
Inteligencia, tecnología y combate a delitos
La reforma impulsa una mayor coordinación entre las áreas de inteligencia e investigación de las distintas corporaciones, integrando información proveniente de fiscalías, centros de monitoreo, instancias federales y unidades especializadas, con el fin de generar análisis estratégicos que permitan prevenir delitos y desarticular células delictivas desde sus primeras etapas.
En este contexto, destaca la creación de la unidad antiextorsión, una instancia especializada que contará con tecnología avanzada y una inversión significativa para combatir este delito, particularmente en su modalidad digital, mediante análisis cibernéticos, prevención y atención a denuncias ciudadanas.
Seguridad con enfoque social y de género
La nueva ley también incorpora un enfoque social y de género, estableciendo restricciones claras para quienes aspiren a formar parte de las corporaciones policiales, como la exclusión de personas deudoras alimentarias, lo que representa un avance importante en la protección de derechos y en la lucha contra la violencia de género.
Además, se fortalece la participación comunitaria a través de programas como el de mujeres tejedoras de paz, una red integrada por miles de mujeres que colaboran activamente en tareas de prevención, cohesión social y apoyo comunitario en todo el estado.
Modernización del sistema penitenciario
Finalmente, la estrategia contempla la modernización del sistema penitenciario mediante la implementación de registros biométricos, que incluyen huellas dactilares, reconocimiento facial y registro de voz, tanto para personas privadas de la libertad como para elementos policiales, con el objetivo de prevenir delitos como la extorsión desde los centros de reclusión.
Con estos cambios, la armonización legal consolida un modelo de seguridad integral que combina prevención, profesionalización, tecnología y participación social, alineando a Tlaxcala con la estrategia nacional y sentando las bases para una política de seguridad más eficaz y cercana a la ciudadanía.