Interferencia en encuesta de Tlaxcala fue denunciada a horas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, luego de que se señalaran acciones de integrantes de la estructura operativa de Alfonso Sánchez García durante el levantamiento de una medición estatal. De manera paralela, también se reportó un incremento en el reparto de despensas en distintos puntos de Tlaxcala.
Señalan acciones durante la encuesta
De acuerdo con la información obtenida sobre el operativo, integrantes de la estructura identificada con Alfonso Sánchez García habrían interceptado nuevamente a coordinadores del equipo de encuestadores de la empresa Mendoza y Asociados. El señalamiento apunta a que también se habría intentado colocar personas en puntos donde oficialmente se estaban aplicando los cuestionarios, con la intención de interferir en el levantamiento.
La denuncia señala que estas acciones habrían tenido como propósito favorecer a Sánchez García en los resultados del ejercicio. Los hechos fueron reportados durante el periodo en que el personal de la empresa realizaba el trabajo de campo en distintos municipios del estado.
El levantamiento de la encuesta se realizó entre el domingo 13 y el miércoles 16 de septiembre en todo Tlaxcala. El personal encuestador tuvo como punto de hospedaje la ciudad de Tlaxcala y desde ahí se desplazó hacia los diferentes municipios considerados dentro de la muestra.
¿Qué midió la encuesta?
La medición incluyó preguntas relacionadas con la percepción ciudadana sobre el trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Además, contempló preferencias para la Coordinación estatal entre Irma Jordania Garay, Raymundo Vázquez Conchas, Ana Lilia Rivera Rivera, Alfonso Sánchez García, Salvador Santos Cedillo y Carlos Augusto Pérez Hernández.
Asimismo, el cuestionario incorporó reactivos relacionados con distintos aspectos de las personas consideradas en el ejercicio. Entre ellos estuvieron la honestidad, la cercanía con la ciudadanía, el conocimiento del estado y el cumplimiento de compromisos.
De acuerdo con el texto de la denuncia, distintas mediciones conocidas hasta ahora señalan que Ana Lilia Rivera Rivera mantiene una ventaja de alrededor de tres a uno sobre Alfonso Sánchez García. Este dato forma parte del contexto señalado en torno al levantamiento realizado por Mendoza y Asociados.
Registro mediante geolocalización
El operativo de la encuesta contó, según la información proporcionada, con mecanismos tecnológicos destinados a verificar la aplicación de los cuestionarios. Los encuestadores utilizaron tabletas con geolocalización sincronizada y registro de cada entrevista realizada durante el trabajo de campo.
Estos mecanismos permitirían identificar el lugar y el momento en que fueron levantados los cuestionarios. La información registrada en los dispositivos forma parte de los elementos señalados dentro de la denuncia sobre las acciones que presuntamente buscaron interferir en el operativo.
La acusación apunta a que la presunta intervención buscaba conocer y alterar las condiciones del levantamiento en campo, particularmente mediante la presencia de personas ajenas al ejercicio en lugares donde se encontraban los encuestadores.
Reportan reparto de despensas
De manera paralela al desarrollo de la encuesta, se reportó que la estructura identificada con Alfonso Sánchez García intensificó durante esos días el reparto de despensas en distintos puntos del estado. Según los señalamientos, las entregas forman parte de una actividad territorial que habría cobrado mayor intensidad durante los días previos a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La información proporcionada relaciona temporalmente el incremento de estas actividades con los días en que se realizó el levantamiento de la encuesta estatal. Las entregas de despensas fueron reportadas mientras el personal de Mendoza y Asociados se desplazaba por los municipios considerados dentro de la muestra.
El señalamiento sobre el reparto de despensas forma parte del contexto en el que se denunció la operación de la estructura territorial identificada con Alfonso Sánchez García. La información apunta a que las actividades se intensificaron a horas de la visita presidencial a Tlaxcala.
Mencionan a dos integrantes
La denuncia señala una participación activa de Fernando Rodrigo López Torres y Noé Hernández Rojas en las acciones de seguimiento e interferencia al operativo. Ambos tienen antecedentes laborales en el Congreso del Estado de Tlaxcala.
En septiembre de 2024, el Congreso del Estado de Tlaxcala designó a López Torres como director Jurídico y a Hernández Rojas como secretario Parlamentario. Los dos nombres aparecen relacionados con las acciones señaladas dentro de la denuncia sobre el desarrollo del levantamiento.
Actualmente, Fernando Rodrigo López Torres se desempeña como magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, de acuerdo con el directorio oficial del Poder Judicial de la Federación.
Seguimiento al operativo
La información proporcionada señala que las acciones denunciadas habrían buscado conocer y alterar las condiciones en que se desarrollaba el trabajo de campo. En particular, se señala la presencia de personas ajenas al ejercicio en lugares donde se encontraban los encuestadores.
El levantamiento contó con registros tecnológicos mediante las tabletas utilizadas por el personal. La geolocalización sincronizada y el registro de cada entrevista permitirían identificar los lugares y momentos en que fueron aplicados los cuestionarios.
La denuncia sobre el operativo se presenta mientras también se reportó la intensificación de actividades territoriales y el reparto de despensas en distintos puntos del estado. Los señalamientos están relacionados con los días previos a la visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Tlaxcala.
Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia sobre el desarrollo del levantamiento y deberán ser contrastados con la empresa Mendoza y Asociados y con las personas señaladas. La existencia de los mecanismos de geolocalización y registro de los cuestionarios podría ser determinante para verificar si hubo entrevistas realizadas fuera de los puntos establecidos o cualquier otra irregularidad durante el trabajo de campo.
