Durante la trigésima cuarta sesión ordinaria, los legisladores locales aprueban reformas constitucionales en materia de suspensión de derechos en cargos públicos.
En la sesión legislativa, se reconoce la obligación estatal de fortalecer la legislación para garantizar que quienes ocupen cargos públicos no tengan antecedentes de violencia o sean deudores alimentarios morosos.
Se destaca el papel de las luchas emprendidas por las mujeres y las conquistas legales en materia de violencia política, así como los precedentes emitidos por los Tribunales Federales para proteger a este sector. Es necesario erradicar la violencia, incluyendo a aquellos en posiciones de poder que sean agresores o deudores alimentarios.
En consecuencia, se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que sean prófugos de la justicia, tengan una orden de aprehensión o una sentencia firme por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros.
Asimismo, se suspenden los derechos de las personas declaradas como deudoras alimentarias morosas, impidiéndoles ser candidatas a cargos de elección popular o ser nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Además, se establece como requisito para ser titular de la Fiscalía General de la República no haber sido condenado por delito doloso, además de lo estipulado por la ley.
Con esta aprobación, Tlaxcala se convierte en el undécimo estado en respaldar la conocida «Ley 3 de 3» contra la violencia, reafirmando su compromiso con las mujeres tlaxcaltecas y la lucha contra todo tipo de violencia.
