Municipios de Tlaxcala tienen hasta diciembre para regularizar a sus directores de seguridad, cumpliendo con las evaluaciones del C3.
El Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala ordenó la destitución inmediata de ocho directores de Seguridad Pública Municipal debido a que no cumplieron con el perfil necesario para el cargo ni aprobaron las evaluaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3). Durante la tercera sesión ordinaria, se exhortó a los alcaldes a regularizar los nombramientos de sus directores antes del 31 de diciembre, fecha límite para evitar sanciones.
Exigencia de cumplimiento legal
El Secretario Técnico del Consejo, Maximino Hernández Pulido, informó que, de los 60 directores de Seguridad en Tlaxcala, ocho no aprobaron las evaluaciones de control, mientras que otros se encuentran en diferentes estatus de revisión. Pese a ello, varios fueron nombrados en sus cargos sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Consecuencias de no regularizar nombramientos
Hernández Pulido advirtió que las autoridades municipales que no realicen las gestiones necesarias para regularizar los nombramientos podrían enfrentar sanciones legales y económicas, ya que destinar recursos a funcionarios no certificados representa un posible daño patrimonial al estado.
Firma de convenios y beneficios para la seguridad municipal
El Consejo destacó la importancia del convenio firmado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el C3 y los presidentes municipales, el cual busca validar la idoneidad de los directores de seguridad a través de pruebas de Control y Confianza. Este convenio es fundamental para fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad en Tlaxcala, garantizando que los directores cuenten con las competencias necesarias y el respaldo legal.
Actualmente, 47 municipios ya han firmado el convenio, mientras que 13 municipios aún no han dado una respuesta. El Consejo urgió a los alcaldes a agilizar este proceso para garantizar la seguridad y legalidad en la designación de los directores de Seguridad Pública.
