En el año 2017, el diagnóstico de percepción ciudadana sobre trata de mujeres y niñas en Tlaxcala reveló que son 40 municipios los que se identifican con ésta problemática, además, en el lapso del 2011 al 2018 se detuvo a 41 tratantes provenientes de 11 municipios.
Lo anterior fue expuesto por Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, durante XVII Informe de Actividades “Voces colectivas construyendo justicia”, en el cual refirió que a la fecha la trata de personas y la contaminación del Río Atoyac-Zahuapan son las principales problemáticas que aquejan a la entidad.
En el caso de la trata, señaló que a través de una solicitud de información pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que dichos municipios son Tetlanohcan, Tlaxcala, Zacatelco, Tetla de la Solidaridad , Papalotla, Teolocholco, Chiautempan, Tepeyanco, Acuamanala, Apetatitlán y San Pablo del Monte.
Aunque “llama la atención que no se haya detenido a ninguna persona de Tenancingo –el cual es conocido a nivel nacional como la cuna de la trata-”, agregó que además recibieron 154 denuncias de mujeres víctimas de trata de 16 municipios.
En este caso dichos municipios son Tenancingo, Tepeyanco, Huactzinco, Quilehtla, Papalotla, Apizaco, Mazatecochco, Chiautempan, Contla, Tetlanohcan, Ayometla, Yauhquemecan, Acuamanala, Zacatelco, San Pablo del Monte y Teolocholco.
En este sentido, del total de víctimas de trata 144 son mayores de edad, mientras que 10 son menores de edad, además sólo 16 fueron canalizadas para recibir atención, lo que representa al 17 por ciento del total, mientras que de las demás no se sabe lo que pasó.
Mientras que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) informó que en ese mismo periodo únicamente fueron emitidas 14 sentencias condenatorias, mientras que en 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 26 denuncias por trata en la entidad, lo que la ubica en la 5ta posición por número.
Sin en cambio, señaló que Tlaxcala se ubicaría en el primer lugar en casos de trata de personas si se toma en cuenta la tasa de denuncias, que es de 3.78 por cada 100 mil habitantes mujeres, a comparación de la Ciudad de México que posee una tasa del 2.0.
Previamente, Méndez Serrano externó que la política neoliberal permitió la proliferación de la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico de armas, los feminicidios y la trata de personas, por lo que las elecciones del 2018 fueron una muestra del descontento de la población ante dichas problemáticas.
Sin embargo, “ha sido un tiempo de confusiones”, puesto que existe por un lado la “esperanza social” de que las políticas de estado cambien, pero por otro lado, las acciones del gobierno federal han confirmado que algunas problemáticas no serán prioridad.
“Es el caso de la imposición de mega proyectos con pseudoconsultas, trastocando con ello las decisiones de los pueblos respecto a su desarrollo, en Tlaxcala en cambio el congreso local, dominado por las y los representes del partido Morena no han servido para generar un equilibrio de poderes ni para avanzar en una lógica diferente.
Por el contrario, han mostrado un amplio desconocimiento de las obligaciones que tienen, por lo que es necesario seguir realizando acciones desde nuestras comunidades, para avanzar en el respeto en la dignidad de las personas y de los pueblos”.
Es por ello que el Cetro Fray Julián Garcés acompaña a 19 grupos comunitarios y a 225 promotores que realizan actividades a través de la campaña “Nos queremos libre de trata”, que busca prevenir este delito y efectuar labores en escuelas secundarias de los municipios que registran un grado mayor del mismo.
Además externó la preocupación que se tiene con el gobierno estatal que aprobó el Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar delitos en materia de trata de personas y la asistencia a las víctimas, pues presenta “serias deficiencias”, por lo que considera necesario que a través de la SEPE se implementen en escuelas programas de prevención.
Por otro lado, respecto a la contaminación de la cuenca del Atoyac-Zahuapan, indicó que a dos años de la recomendación 10/2017 emitida por la CNDH, es preocupante que las autoridades e instituciones no se hayan organizado para elaborar el plan integral de restauración ecológica o saneamiento, en el cual involucre a los habitantes.
Explicó que son más de 3 millones las que son afectadas por esta contaminación y si el estado no garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos la crisis se agravará, ya que se sigue protegiendo a las grandes empresas que descargan sus desechos desde hace más de 30 años, a través de omisiones al cumplimiento de sus obligaciones.
Al informe asistió el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, quien invitó a mirar la realidad e interpretarla a través del el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, que fue aprobado en noviembre de 2018 por el Episcopado Mexicano.
También estuvieron presentes Rubén García Muñoz, Coordinador Pastoral de los Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala; Dolores González Saravia, Coordinadora del Área de Transformación de los conflictos sociales, Serapaz y Rodolfo Omar Arellano Aguilar, Coordinador de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra de la UNAM.
Texto y Fotos: Melisa Ortega
