Caracas, 4 May Redaccion.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, avaló la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela decretada por el llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.
«Reconocemos la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela decidida por el Tribunal Supremo», afirmó Almagro en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
El número uno de la OEA, un fuerte crítico al gobierno venezolano, hizo estas declaraciones luego de que el presidente del máximo órgano judicial de Venezuela, Miguel Ángel Martín, fugitivo de la justicia, anunciara la suspensión e inhabilitación de Maduro de sus cargos por presuntos “casos de corrupción
El TSJ en el exilio, una entidad no reconocida por el gobierno de Caracas, reunido en Coral Gables, Florida, Estados Unidos, declaró este jueves la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela, así como su inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
“El TSJ declara expresamente la suspensión de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo de función pública”, dijo Miguel Ángel Martín, presidente del organismo, quien leyó públicamente el documento.
El órgano judicial, que no es legítimo en Venezuela, argumentó que tomó en cuenta el deber de mantener la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la Constitución.
El TSJ en el exilio está conformado por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, surgida de las elecciones de 2015 y que no reconoce la legitimidad de los 33 magistrados en ejercicio de esta alta corte por supuestas irregularidades en su proceso de elección en diciembre de ese mismo año.
La decisión se presenta luego de que el tribunal recibiera por parte de la Fiscal General de la República, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, una serie de denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran al Ejecutivo nacional.
Desde su nombramiento, en diciembre de 2007, Ortega Díaz fue una de las grandes figuras dentro del aparato del Estado, dirigido por el fallecido comandante Hugo Chávez y luego por Maduro.
No obstante, a mediados de marzo de 2017, se colocó en las filas de la oposición, tras repudiar, lo que llamó la ruptura del orden democrático en Venezuela, cuando el TSJ despojó por un momento de sus funciones al Parlamento de mayoría opositora. La exfiscal desconoció también a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En la decisión, el TSJ solicita a la Fuerza Armada Nacional y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) la “captura y detención de Nicolás Maduro Moros y colocarlo a la orden de este máximo tribunal conforme a la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en sentencia del día 9 de abril de 2018″.
Asimismo se ordena notificar a la Organización Internacional de Policía Criminal conocida internacionalmente con sus siglas Oipc o simplemente Interpol, para que, “de acuerdo a sus protocolos internos, incluya a Nicolás Maduro Moros entre las personas con Alerta Roja Internacional”.
Finalmente señala que “Por imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se ordena a todas las autoridades civiles y militares, bajo apercibimiento de desacato, a cumplir la presente decisión y prestar toda la colaboración necesaria para su ejecución inmediata”.
Suscribieron el documento todos los magistrados salvo Alejandro Jesús Rebolledo, quien se abstuvo de firmar.
La suspensión e inhabilitación dictadas el jueves por el tribunal en el exilio, más simbólicas que efectivas, llegan a dos semanas de las elecciones presidenciales en el país caribeño, en las que Maduro opta a la reelección.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó el año pasado a nuevos magistrados para el TSJ, con la idea de que reemplazasen a los jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que estaban al servicio del gobierno.
La mayoría de los nuevos magistrados, perseguidos por la Justicia venezolana, optaron por salir del país e instalarse como Tribunal Supremo autodenominado «en el exilio»
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