Reforma constitucional contra privilegios
Ana Lilia Rivera respalda reforma para poner fin a pensiones excesivas al considerar que se trata de una medida clave para corregir distorsiones históricas en el uso del gasto público y fortalecer la justicia social en el país, en un momento donde el debate sobre la austeridad y la equidad vuelve a colocarse en el centro de la agenda legislativa nacional.
La senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, expresó su respaldo al anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que enviará al Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política con el objetivo de establecer un límite claro a las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza, particularmente aquellas que actualmente superan parámetros considerados razonables frente al salario presidencial.
La legisladora subrayó que esta propuesta es coherente con los principios que ha defendido desde el inicio de su labor parlamentaria, entre ellos la eliminación de privilegios, el ejercicio responsable del erario y la consolidación de un Estado que priorice el bienestar colectivo por encima de beneficios individuales desproporcionados, en línea con la política de austeridad republicana impulsada en los últimos años como eje rector del servicio público.
Límite a jubilaciones superiores al salario presidencial
De acuerdo con lo anunciado, la iniciativa presidencial plantea que ninguna pensión de exservidores públicos de confianza pueda superar el 50 por ciento de la remuneración que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, lo que implicaría establecer un techo claro que impida la continuidad de pagos elevados financiados con recursos públicos, sin afectar derechos adquiridos ni generar efectos retroactivos.
En ese sentido, se precisó que la reforma respetará las jubilaciones y pensiones establecidas en contratos colectivos de trabajo, pero aplicará para nuevos casos de personal de confianza, con el propósito de evitar que en el futuro se repitan esquemas que han representado cargas presupuestales significativas para el Estado mexicano y que han sido objeto de cuestionamientos sociales.
Impacto presupuestal en empresas productivas del Estado
Rivera Rivera destacó como particularmente relevantes los datos expuestos sobre Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, donde miles de pensionados reciben ingresos superiores al salario presidencial, lo que genera un impacto presupuestal anual de miles de millones de pesos y abre un debate sobre la sostenibilidad financiera de estos esquemas en el largo plazo.
Según estimaciones oficiales, la reforma permitiría recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a fortalecer los Programas para el Bienestar y ampliar la cobertura de apoyos sociales, una posibilidad que la senadora consideró histórica, ya que permitiría redirigir fondos hacia sectores que enfrentan mayores condiciones de desigualdad, especialmente en entidades como Tlaxcala.
Justicia social y responsabilidad financiera
La legisladora afirmó que corregir estas distorsiones no solo representa un acto de responsabilidad financiera, sino también una decisión ética orientada a la justicia social, al asegurar que el dinero público se utilice con criterios de equidad y eficiencia, evitando privilegios que contrastan con las necesidades de millones de personas que dependen de programas sociales para mejorar su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que desde el Senado acompañará el análisis y discusión de la reforma con el compromiso de garantizar el respeto a los derechos laborales vigentes, al tiempo que se consolida un modelo de servicio público sin excesos ni beneficios extraordinarios, en plena sintonía con el proyecto de transformación nacional que impulsa la actual administración federal y que busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
