Urge una atención integral a la Cuenca del Alto Atoyac: Centro Fray Julián Garcés

La Cuenca del Alto Atoyac fue definida formalmente por el gobierno federal como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), en el año 2021 junto con otras cinco en el país que sufren condiciones semejantes, a través de un Convenio de Coordinación firmado el 21 de julio de ese año por la Secretaría de Salud, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Las tres dependencias asumieron la definición de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental a partir de una serie de reuniones con organizaciones de base comunitaria de la Cuenca y de las demás regiones, junto con investigadoras e investigadores que participan con estas mismas organizaciones en procesos de investigación – acción participativa desde hace muchos años. Procesos que se han reforzado a través de nuestra participación conjunta en los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (PRONAII) apoyados por el Conahcyt en los tres últimos años.

A partir de 2021, y aunque la Semarnat abandonó en los hechos el acuerdo, tanto la Secretaría de Salud como el Conahcyt han trabajado con las comunidades, directamente y a través de los PRONAII, para cumplir con el objeto que trazaron en el convenio firmado, a saber, el de:

«Establecer mecanismos para que las ‘PARTES’, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden y con los recursos que cuenten, conjunten acciones a efecto de formular y conducir políticas participativas de salud ambiental y restauración ecológica y ambiental encaminadas a proteger la salud humana y a reestablecer el equilibrio ecológico en el territorio nacional, con la intervención de colectivos y comunidades pertenecientes a las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental u organizaciones de base representativas de la población afectada, incluyendo pueblos y comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes dentro de los marcos jurídicos aplicables.»

Objetivo que se concretó en catorce compromisos, de los que destacamos los siguientes: 

  1. Establecer las RESAS y las actividades prioritarias para su atención, con la opinión de colectivos, comunidades y organizaciones de base representativas de la población afectada, con el auxilio de académicos e investigadores.
  2. Promover, respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por las situaciones de emergencia ambiental y sanitaria en las RESAS, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
  3. Impulsar, desarrollar y fortalecer proyectos, actividades e instrumentos de política pública en materia de vigilancia y cumplimiento de la normativa ambiental y de salud, así como para la reparación integral, en el ámbito de sus respectivas competencias.
  4. Promover las medidas preventivas y correctivas correspondientes cuando exista un peligro potencial o presuntivo de daño ambiental grave o irreversible, priorizando los derechos humanos de los colectivos y comunidades pertenecientes a las RESAS.
  5. Fomentar y garantizar la atención oportuna de las situaciones de emergencia ambiental y sanitaria de las RESAS, a través de los instrumentos y acciones de política publica, y de carácter normativo de su competencia. 

En cumplimiento de estos compromisos, y en seguimiento al proceso emprendido por las organizaciones de base comunitaria en Tlaxcala junto con las investigadoras e investigadores desde hace ya 20 años, por el que en el 2017 logramos la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y construimos la Propuesta Comunitaria para el saneamiento integral de la Cuenca Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, llegamos en los últimos meses, ahora junto con la Secretaría de Salud y el Conahcyt, a la elaboración y presentación del Primer Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala – Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, que sirvió de base para la elaboración del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, Tlaxcala. Ambos documentos se presentaron y entregaron por las personas titulares de ambas dependencias federales al gobierno del estado de Tlaxcala, el 2 de octubre de 2023.

Ya desde la recomendación de la CNDH se advertía de la negligencia de los gobiernos federales, estatales y municipales que, teniendo información de las violaciones a los derechos de la población a un medio ambiente sano, al agua y su saneamiento y a la información sobre la problemática, nunca hicieron nada porque la situación no llegara a la emergencia que vivimos ahora sobre la salud de la población y sobre el ambiente mismo. En el Informe del Conahcyt se hace ver que desgraciadamente, a siete años de emitida aquella recomendación, la situación no ha cambiado. Se muestra que los gobiernos y dependencias actualmente involucrados, aunque firmaron un convenio a modo entre ellas, y casi cualquier acción la declaran como realizada en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, incluido el Plan de Acciones de Saneamiento (PAS), resulta que no han hecho nada que tienda a la corrección de esta situación de emergencia sanitaria y ambiental, hacia la restauración integral de la Cuenca ni a la atención integral de las víctimas de los efectos de la contaminación industrial ni algo que apunte tampoco a construir condiciones reales para atender las causas y evitar que esto continúe y que se repita en los años que vienen.

En esta dinámica de realización de acciones que no llevan a la solución de la problemática, se suman otras tres en el último tiempo: 

  • Un proceso de criminalización de personas defensoras del medio ambiente, como el que se emprendió en contra de los señores Raymundo Cahuantzi Meléndez y Saúl Rosales Meléndez, luchadores por la defensa del bosque de la Matlalcueyetl, el agua y el territorio y habitantes de la comunidad de Tlalcuapan, Tlaxcala, acusados de crímenes que no cometieron. El señor Raymundo ya libre, y Saúl sentenciado en primera instancia a 20 años de prisión.
  • El proceso fallido de imposición de una iniciativa de Ley de Aguas elaborada sin considerar la obligación adquirida como Estado mexicano de cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, en torno a la necesaria participación de las comunidades, de forma adecuada, en el proceso de deliberación, construcción y ejecución de la norma. Y por esta carencia, una iniciativa de Ley nominalmente respetuosa de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero que tiende en el fondo a la mercantilización del agua misma y la concesión y privatización del saneamiento.
  • El proceso de construcción e imposición, por parte de la Secretaría Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Semarnat y los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, de instrumentos de ordenamiento territorial, a saber, el Programa Metropolitano de Puebla – Tlaxcala, algunos programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Atoyac, elaborados en paralelo y sin relación entre ellos, sobre todo con el de ordenamiento ecológico. Estos instrumentos, además de que se elaboran en orden inverso, primero los territoriales y luego el ecológico, tampoco tienen algún signo que deje ver que su producción, las formas de difusión de la información y las maneras de integrar la supuesta participación de las y los ciudadanos vayan conforme el Acuerdo de Escazú. 
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Así, las señales y mensajes que se han enviado a la población por parte de la Sedatu, la Semarnat y los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, indican que están estableciendo mecanismos que ayuden a justificar las decisiones ya tomadas desde hace años en torno a favorecer a toda costa el crecimiento industrial y urbano en la Cuenca.

Sin embargo, y a pesar de los intentos de estas instituciones y los gobiernos por ignorar la situación de emergencia sanitaria y ambiental en que vivimos, en el Primer Informe Estratégico publicado por Conahcyt, se integra información que muestra que, en la Cuenca del Alto Atoyac, tenemos tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades prevenibles mucho mayores a los promedios nacionales, y que esas tasas tan altas son causadas por la exposición a agentes tóxicos y procesos de industrialización de la región.

De acuerdo a la información que se reúne en este informe, las industrias con mayores emisiones de contaminantes son las de los ramos automotriz, eléctrico, químico y textil, y los tóxicos más importantes son metales pesados, metaloides, compuestos orgánico–sintéticos y plaguicidas vertidos y emitidos al agua, al suelo y al aire.

Respecto a las enfermedades estudiadas en particular: 

  • La tasa de mortalidad por Enfermedad Renal Crónica (ERC) en personas de entre 15 y 49 años es de 1.2 hasta 4.7 veces mayor que la media nacional.
    • En Tlaxcala, los municipios de Acuamanala, Mazatecochco, Tetlanohcan, Teolocholco, Papalotla y Tenancingo, tienen la relación más significativa entre los contaminantes y la ERC.
    • En jóvenes de 13 años de edad promedio, el 50% de la población estudiada está expuesta a agentes altamente tóxicos, y el 19% ya presenta un grado de disfunción renal.
    • También en torno a la ERC, entre las personas artesanas de alfarería que participaron en el estudio, el 86% tienen niveles elevados de plomo en sangre, y se les identificaron marcadores asociados con enfermedades renales y cardiovasculares. El 50% presenta hiperfiltración.
  • Respecto a Leucemias agudas, el 41% de los casos detectados en personas menores de 19 años viven en la Cuenca del Alto Atoyac, y el 58% de esos casos son de alto riesgo. 
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De acuerdo con la maestra Inés Navarro y el doctor Omar Arellano, de la UNAM: 

  • Atendiendo a la información de los monitoreos de la Conagua, todas las medidas y acciones de saneamiento realizadas entre 2012 y 2022 no parecen haber tenido un impacto sustancial en la situación de contaminación del río Atoyac y sus efectos, pues hasta la fecha se mantienen los mismos patrones de contaminación y de reducción de contaminantes. Pero además, en estas últimas, si bien existen, no se identifica ningún resultado de algún tipo de intervención. Es decir, las inversiones millonarias hechas en plantas de tratamiento y otras infraestructuras para el saneamiento, no reflejan resultados ni siquiera en los monitoreos realizados por la Conagua.
  • Respecto a la aplicación de la NOM 001 también reformada en 2021, hasta el momento no se ha informado el grado de avance respecto a su aplicación en la Cuenca, siendo esta una región prioritaria para la Secretaría de Medio Ambiente.
  • De acuerdo con los cambios realizados en 2021 a la NOM 127 SSA1, la Conagua hace más permisivos los límites de detección de algunos compuestos contaminantes, generando así condiciones para que se borre la memoria histórica de la calidad del agua en los acuíferos y en el agua superficial. Es decir, en adelante no se podrá conocer la tendencia de la calidad del agua observada de 2012 a 2020 de varios contaminantes en cada sitio.

Además, esto se confirma cuando la misma Conagua ha reducido los sitios de monitoreo en los acuíferos. En el Valle de Puebla redujo el monitoreo de cinco a dos pozos, y en el Alto Atoyac de diecinueve a cuatro pozos.

Ya la mera detección comunitaria de sitios con frecuente y elevada intensidad de contaminantes que se muestran en color o en olor picante o dulce, de acuerdo con Inés Navarro, debería bastar para ser tomada como evidencia por las autoridades responsables de que hay serios problemas de incumplimiento de la normatividad, así como de la posible descarga de sustancias no reguladas. Esos sitios son una realidad que justifica la vigilancia rigurosa y el monitoreo de descargas industriales al cauce de los afluentes en particular, y aplicar las medidas que la ley otorga para su reducción y control. Además, esas evidencias aportan elementos al diagnóstico de la situación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac necesarios para orientar la regulación de la actividad industrial y el ordenamiento territorial integral.

Por otra parte, y en clave de esperanza, observamos los triunfos que desde las comunidades se alcanzan. Uno de ellos, en Atlihuetzian, municipio de Yauhquemehcan, donde un constructor promovió un amparo en contra del Comité Comunitario del Agua por no otorgarle el permiso para 10 tomas de agua para igual número de viviendas construidas en una superficie total de 4,000 m2, lo cual viola el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la comunidad. La sentencia del amparo, emitida el 30 de abril del presente año por el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala, reconoce que los Comités Comunitarios de agua o Comisiones locales del Agua Potable son una autoridad comunitaria reconocida jurídicamente con facultades para la gestión del agua, reconociendo que los usos y costumbres que rigen en las comunidades para elegir a sus autoridades «se encuentran reconocidos como fuente del derecho que permea todo el sistema jurídico del Estado de Tlaxcala, y no únicamente al sistema electoral».

Frente a todo lo anterior, exigimos que:

  • Las autoridades electas reconozcan la situación de emergencia sanitaria y ambiental que se vive en el Cuenca del Alto Atoyac, y con base en ello cumplan con el mandato ciudadano en el desarrollo de las funciones que les corresponden.
  • El ordenamiento de la Cuenca se haga de manera integral y con la participación real de quienes en ella habitamos, teniendo como base la emergencia sanitaria y ambiental que se vive y la capacidad hídrica de la Cuenca.
  • Se fortalezca el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, que ya se ha empezado a implementar por parte del gobierno federal en coordinación con el estatal, pues la vida de las personas en la Cuenca, como ya se ha demostrado en el Informe Estratégico publicado por Conahcyt, está en grave riesgo.
  • Se garantice una política agroecológica que favorezca el derecho humano a una alimentación sana, cercana y que proteja el agua, el suelo, la biodiversidad en la cuenca, que evite las actividades agropecuarias que usan plaguicidas y sustancias nocivas a la salud humana y al ambiente.
  • En caso de que las nuevas autoridades presenten iniciativas en torno al agua, que estas sean garantes de los derechos humanos al agua y a su saneamiento, dejando muy en claro la responsabilidad industrial.
  • Se reconozca legislativamente con toda claridad a los Comités Comunitarios del Agua en su carácter de autoridades comunitarias responsables del cuidado y administración del agua y de la garantía de este derecho a sus comunidades.
  • Se eviten procesos de urbanización salvaje impulsados por inmobiliarias a quienes solo les importa la ganancia y no el cuidado de nuestros territorios.
  • Se implementen políticas públicas en materia de prevención, valorización y gestión integral de residuos sólidos, como lo establece el artículo 4º de la Ley de Residuos del estado de Tlaxcala, apegándose a los principios que la propia Ley establece con aplicación a todos los sectores.
  • La liberación inmediata de Saúl Rosales Meléndez, preso político por defender el bosque y el territorio.
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