El pasado 13 de diciembre se cumplieron 3 meses de la desaparición de Daniela Muñoz Muñoz, una joven maestra originaria de Apizaco. Hoy 16 de diciembre, se cumplen 10 años de la muerte de Marisela Escobedo, la mujer que buscó al asesino de su hija y fue asesinada por exigir que el responsable fuera llevado ante la justicia.
¿Qué tienen en común estos dos casos?
Tienen en común a dos madres que hicieron y hacen hasta lo imposible por luchar contra un sistema que aún, pese a sus avances, tiene fallas que dejan impunes a los victimarios y que no pueden cumplir con la impartición de justicia para con las víctimas.
Marisela Escobedo
Fue en agosto del 2008 cuando la hija de Marisela, Rubí Fraire Escobedo, de 16 años, desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad azotada por la oleada de feminicidios que estremecieron a un país donde la impunidad aun lastima a miles de madres y mujeres víctimas de violencia.
Aunque al principio la pareja de Rubí, Sergio Rafael Barraza, dijo a su madre que la joven había huido con otro hombre, Marisela nunca creyó la mentira porque conocía el amor que ella le tenía a su marido, sin embargo, éste huyó.
Tras escuchar rumores del asesinato de Rubí a manos de Barraza, Marisela se dio a la tarea de buscar al asesino de su hija para así dar con el paradero donde yacían sus restos.
Es en 2009 donde, gracias a sus investigaciones, logra dar con la ubicación del asesino y de la misma forma con el lugar donde Rafael Barraza, junto con su hermano Andy, quemaron y enterraron el cuerpo de Rubí en un depósito de basura.
A pesar de haber ayudado a las autoridades a encontrar al asesino, así como de conseguir a los testigos, incluso con la confesión del asesino en presencia del jurado -pues pidió perdón a la madre de rubí- el caso fue desestimado y Rafael fue puesto en libertad.
Tras esto, el mismo día en que el asesino quedó libre, un llanto desgarrador y profundo invadió la sala donde ella se encontraba. En los días posteriores, aun con toda la desesperanza que hubiese acortado los ánimos de cualquier otro, ella comenzó a realizar marchas, volvió a encontrar al asesino de su hija -que ahora se había unido a los zetas-, pero debido a un operativo mal organizado, el asesino se escapó de nuevo.
El 16 de diciembre de 2010, cuando ella realizaba un plantón frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua, al caer la noche, un sujeto armado bajó de un vehículo y persiguió a Maricela desde el costado de la Plaza hasta la puerta del Palacio, donde una bala en la cabeza puso fin a su vida.
Rosa María Muñoz
El día domingo 13 de septiembre de 2020, su hija Daniela había trabajado hasta tarde. Aunque vivía sola, ese día estaba en casa de su madre Marisela porque en la noche acudiría a cenar con su amigo Álvaro Daniel, quién llevaba 15 años sin hablar con su propia madre y se haría una especie de fiesta de reconciliación, por lo que Daniela incluso había comprado un ramo de flores.
Ella salió a las 18:30 horas y dijo a su madre que no se iba a demorar porque tenía que trabajar al día siguiente.
Aunque su hija había olvidado las llaves de su departamento, Rosa María sabía que volvería por ellas. Su hermano Fabián le mandó un mensaje para recordarle de sus llaves y su último mensaje respondía que no iba a tardar en regresar, sin embargo, Daniela ya no regresó.
Al día siguiente, Fabián fue a preguntar por su hermana; los hermanos de Álvaro Daniel respondieron que se habían ido y que regresarían hasta que se les acabase el dinero, pero Fabián desconoció dicho comportamiento de su hermana y de inmediato sospechó.
Ambas familias levantaron un reporte de desaparición para ambos, la familia de Daniel tres días después. En las cédulas se mencionaba que a ella se le vio por última vez el 13 de septiembre en Apizaco, mientras que, a él, el 14 de septiembre en Tzompantepec a bordo de su vehículo.
La primera impresión fue que les habían robado el auto, un Mazda color negro, pero los familiares de Daniel ni siquiera levantaron un reporte de robo por el vehículo, por lo que las sospechas acrecentaron.
Con las investigaciones correspondientes se encontró a Álvaro Daniel N. como principal sospechoso del caso de Daniela y se le detuvo el 9 de octubre por el delito de desaparición cometida por particulares en San Francisco Zacacalco, municipio de Hueypoxtla, Estado de México. Durante la audiencia inicial se consigue la vinculación a proceso y prisión preventiva.
Entre las pistas halladas se encuentra que en algunas cámaras de vigilancia a las que tuvieron acceso los agentes de Ministerio Público, Álvaro Daniel N. iba acompañado de Daniela dentro de su vehículo, pero horas más tarde vuelve a ser visto sin ella.
Los familiares de Daniela realizan una serie de marchas, el 5 de noviembre en la ciudad de Tlaxcala y el 9 de noviembre en Ciudad de México para buscar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Un medio de comunicación encuentra supuestas pistas que vinculan a Álvaro Daniel N., así como a sus hermanos Pedro y Juan N. como involucrados en actividades ilícitas, además de posesión ilegal de armas de fuego y venta de sustancias psicoactivas en los municipios de Tzompantepec, Yauhquemehcan y Apizaco, al igual que robo de autopartes en estados vecinos que se vinculan al lugar donde fue detenido Álvaro Daniel.
Dichas actividades eran del conocimiento de José Muñoz, hermano de Daniela, quién un año antes había presentado a su hermana con Álvaro Daniel.
El 26 de noviembre, se realiza un cateo en un inmueble ubicado en Hueypoxtla donde se halla el vehículo Mazda color negro donde viajaba Daniela, se recopilan muestras biológicas y el 28 de noviembre se realizan nuevos cateos en inmuebles ubicados en los municipios de Tzompantepec y Apizaco.
Aun a la espera de la segunda audiencia, que se llevará a cabo en el mes de febrero de 2021, la búsqueda de Daniela se ha visto afectada, pues a pesar de tener detenido al sospechoso principal, Álvaro Daniel se ha reservado su derecho a dar declaraciones; un derecho que, si bien no exime de la culpa al involucrado, procura respetar los derechos humanos de éste, favoreciendo la presunción de inocencia hasta que las pruebas demuestren lo contrario.
Pero en un país que ha tenido pocos avances en leyes que garanticen la procuración de justicia, cuya corrupción está fuertemente incrustada en los diferentes niveles de gobierno y que tiene poco interés en equipar debidamente a su personal especializado, los pocos avances en los procesos de búsqueda y de impartición de justicia son desalentadores.
La presunción de inocencia
Regresando al caso de Rubí Fraire Escobedo. Rafael Barraza había sido detenido por el delito de sustracción de una menor de edad, su nieta, que en ese entonces apenas tenía dos años. Aunque el delito no era por el cargo de homicidio -pues en ese año el termino feminicidio aún no había sido tipificado-, fue suficiente para girar una orden de aprehensión en su contra.
Cuando llegó el momento de juzgarle, un Tribunal de Juicio Oral desestimó la confesión de Rafael Barraza al señalar que los Ministerios Públicos que se encargaban de la investigación no acreditaron la responsabilidad, es decir, se omitió “allegar los medios de prueba suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad en el homicidio de Rubí”.
De la misma forma, se determinó que la confesión fue obtenida fuera de la legalidad, pues debido la reforma constitucional al Sistema Penal Acusatorio realizada en 2008, se quitó “peso aprobatorio” a la confesión -en algunos casos obtenida bajo tortura-, haciéndola inválida si esta es de carácter autoincriminatorio.
Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, y Rafael Broudid, fueron los jueces que determinaron absolver, por unanimidad, a Rafael Barraza Bocanegra.
Aunque se decidió hacer una sentencia de reemplazo con la carpeta de investigación inicial y el tribunal de casación revocó la sentencia absolutoria a Rafael Barraza, encontrándolo culpable por el homicidio de Rubí, fue una “sentencia de papel” ya que el culpable se encontraba prófugo.
En el caso de Daniela Muñoz, la complejidad no aminora. Debido al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que se instituyó en el país en el 2016, la determinación del juez ya no se basa en las pruebas recopiladas en un expediente, sino mediante audiencias; esto quiere decir que el juez debe escuchar a ambas partes, Ministerio Público y defensa, para decidir.
Este proceso consiste en tres etapas.
La primera es la investigación donde las partes involucradas recaban pruebas y testigos para armar el caso. Previamente, la policía y Ministerio Público deben encontrar pruebas que vinculan al sospechoso en un delito para que, en presencia de un Juez de Control, se pueda formular la imputación y así acusarlo formalmente.
En la segunda etapa, intermedia, ambas partes ofrecen sus pruebas para ir a juicio. Para que esto se da un tiempo determinado de 4 a 6 meses, dependiendo el caso. Aquí, los MP deben recabar las pruebas suficientes para presentar la acusación, así como la lista de testigos y los peritos que ayudaron en la investigación, donde, mediante un debate entre MP y defensa ante el Juez de Control, se presentarán las pruebas para que el juez determine cuales sí proceden.
Para la última etapa, se realiza un Juicio Oral en la que, tanto MP como defensa, presentan las pruebas ante un Tribunal de Enjuiciamiento. Una vez desahogadas las pruebas, el juez o jueces determinarán la sentencia.
Ese nuevo sistema también permite salidas alternativas que incluyen acuerdos para solución del conflicto, sin embargo, esta parte depende de que el responsable se identifique como tal.
Si este no confiesa su delito, durante todo el proceso ostentará el título de “presunto inocente” hasta que la fiscalía encuentre las pruebas que lo incriminen. Esto, aunque parece un escollo, es una medida para garantizar los derechos humanos.
Y es que hubo un caso en el año 2005, el de José Antonio (Toño) Zúñiga, un joven de 26 años, originario de Iztapalapa, que fue detenido y encarcelado por un crimen que no cometió. A partir de ese momento, en junio de 2008, entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia con la que se realizaron cambios importantes en materia penal, con la premisa de un modelo acusatorio basado en los derechos humanos.
El derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona que esté acusada de un delito debe considerarse inocente hasta demostrarse lo contrario, mediante una sentencia condenatoria o acusatoria, que esté basada en una actividad aprobatoria válida. Es decir, las pruebas deben ser legales y demostrar que el imputado es culpable o no.
Para ello, el trabajo de la policía, investigadores, peritos y MP debe ser conciso, cauto y también estar impregnado de imparcialidad para garantizar los derechos humanos de los implicados y no caer en acusaciones falsas que sean divulgadas mediante medios de comunicación o redes sociales que puedan dañar la imagen del imputado y, por tanto, desestimar un juicio.
Aunque el caso de Daniela no tiene pruebas suficientes que demuestren que se le haya quitado la vida, aun no se encuentran pruebas que conduzcan a su posible paradero, más si el imputado, Álvaro Daniel, se ha reservado su derecho a hablar, pues de ser el caso estaría confesando un posible crimen.
Es por ello que ha resultado tan difícil poder seguir el rastro de Daniela, sin una confesión, el caso queda en manos de los peritos y MP, que deben recabar las pruebas suficientes para se pueda acreditar al imputado como culpable.
Aunado a ello, como se mencionaba en un principio, los sistemas carecen de equipo adecuado para que los encargados de la investigación puedan realizar su trabajo de manera eficiente. Se debe de dialogar con las fiscalías de otros estados para realizar trabajos coordinados y se deben plantear estrategias eficientes de búsqueda, lo cual conlleva un proceso lento.
En este sentido, de no encontrarse pruebas suficientes y sin la confesión del imputado, al terminar el periodo de detención, el imputado podría quedar libre.
Ante esto, solo queda confiar en las autoridades y en los medios disponibles para que el caso no quede impune y para que se pueda dar con el paradero de Daniela.
Texto: Melisa Ortega
