«Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda ya no es presidente de le CEDH y nunca debió serlo», fue la consigna que entre activistas y feministas compartieron en sus respectivas redes sociales para mostrar su júbilo, y a la vez su rechazo, por el fin de la deshonrosa carrera del ya mencionado como Ombudsperson.
Designado como presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) por la LXII Legislatura Local para el período comprendido del 12 de junio de 2017 al 11 de junio de 2021, su carrera en el órgano autónomo que, se supone debe ser garante de los derechos humanos en todos sus aspectos, comenzó de manera irrelevante.
En este sentido, empezó a destacar por su nula participación limitada sólo a emitir recomendaciones a instituciones y señalarles por haber hecho caso omiso a las mismas, incluso, hubo más trabajo por parte de activistas que, además, promovieron diferentes juicios políticos en contra de Víctor Manuel Del Prado por supuestas omisiones y simulación en casos en los que se señala, no dio seguimiento.
Tal es el caso de la solicitudes de juicio político promovidas por la activista Jenny Charrez, quién señaló al Ombudsperson de nunca haber asistido a los protocolos de actuación en casos de menores de edad. Del mismo modo, existen otras solicitudes de juicio en su contra por presuntamente haber pagado salarios a integrantes del Consejo Consultivo, cargos que son honoríficos.
En este sentido, él mismo personaje reconoció el haber solicitado una compensación a los integrantes de dicho Consejo pese a que no fue aprobada la reforma al artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala propuesta por el diputado José Luis Garrido Cruz.
Por otro lado, se le ha considerado como un ente que utiliza los recursos de manera indebida, pues fue señalado por presuntamente haber incurrido en daño patrimonial en el año 2018 por un monto de alrededor de 3 millones de pesos, además de irregularidades equivalentes al 12.8 por ciento del presupuesto de ese año; asimismo el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha señalado diversas observaciones en su cuenta pública durante el año 2019, por lo que las irregularidades suman un monto de 4 millones de pesos.
Basados en la información obtenida por un medio de comunicación, Víctor Manuel Del Prado pagó 782 mil 439 pesos en renta de vehículos, realizó pagos por 84 mil 800 pesos de renta de nueve unidades, 70 mil 67 pesos por alimentos y 11 mil pesos por adquisición de dos pares de lentes para su uso personal.
Por ello, organizaciones civiles, activistas y feministas han buscado que dicho personaje, cuyo cargo por ley ha concluido, deje de insistir en prevalecer en el cargo.
Los actuales miembros del Concejo Consultivo, Geovanny Pérez Lira, Agustín Flores Peña, Haraim Sánchez Méndez y Emmanuel Flores Sánchez, quienes tomaron protesta el pasado 30 de mayo ante el Congreso Local, designaron a Florencio Licona Pérez como presidente interino de la Comisión de Derechos el pasado sábado, en un evento lleno de inconformismo e irregularidades de las cuales destacan el fallo de la luz eléctrica dentro de las instalaciones de la comisión durante la sesión de relevo.
En este sentido, Víctor Manuel Cid Del Prado, argumentó que lo realizado por el Consejo Consultivo no tuvo legalidad, por lo que ha argumentado que seguirá en el cargo, además de que existe un amparo a su favor concedido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que le concede la prevalecía, lo cual impide que el nuevo presidente pueda comenzar a ejercer funciones.
