Medidas para asegurar imparcialidad y legalidad en procesos electorales federal y local
Con el propósito de garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y local 2023-2024, el gobierno del estado de Tlaxcala, a través de las secretarías de Gobierno (Segob) y Función Pública (SFP), ha emitido el Acuerdo Coordinado para la implementación del Protocolo Estatal para Blindaje Electoral 2024.
Este protocolo tiene como objetivo establecer reglas claras y mandatos que deben ser observados por las personas servidoras públicas, con el fin de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas en materia electoral, así como el uso indebido de programas sociales con fines electorales.
El documento promueve el cumplimiento de la normatividad aplicable para todas las personas servidoras públicas de la administración estatal, advirtiendo sobre las acciones y omisiones que deben evitar durante la época electoral.
Como parte de las acciones instrumentadas, el gobierno del estado busca que las actividades de las dependencias y entidades se realicen con ética y bajo esquemas de vigilancia en los programas de gobierno, fomentando una cultura de denuncia para evitar el uso indebido de recursos públicos en beneficio de candidatos, partidos políticos o coaliciones.
El protocolo detalla las condiciones para la suspensión de propaganda gubernamental, las excepciones para la suspensión de campañas de información según lo establecido por la ley, la suspensión de reuniones masivas y empadronamiento de beneficiarios de programas sociales, así como los parámetros para el manejo de recursos y bienes públicos durante el periodo electoral.
Asimismo, establece las pautas de actuación para las personas servidoras públicas durante los procesos electorales 2023-2024, señalando las infracciones en las que podrían incurrir y previniendo la comisión de hechos con apariencia de delitos o faltas administrativas.
Con estas medidas, el gobierno del estado reafirma su compromiso de aplicar los recursos públicos con imparcialidad y legalidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, asegurando así la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en la entidad.
