Se lleva a cabo el XVI Informe de actividades del Centro Fray Julián Garcés

De la Redacción

En el marco del XVI Informe Anual de Actividades “Comunidad, signo de luz y esperanza”, el Centro Fray Julián Garcés informó que ha dado continuidad a su misión de “Promover y defender los derechos humanos en Tlaxcala, con una perspectiva integral y de género, fortaleciendo sujetos colectivos capaces de exigir y ejercer estos derechos, visibilizando las situaciones de violación e incidiendo para su transformación”. A lo largo del último año, su trabajo continuó centrándose en dos problemáticas que históricamente han aquejado a la entidad: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los daños generados a la salud de las comunidades por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

Respecto a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

El Centro Fray Julián Garcés ha acompañado los procesos de Comités de Derechos Humanos, grupos de Pastoral Social Parroquiales, organizaciones impulsoras de la Iniciativa Popular y la Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Géneroen la capacitación y organización para la prevención, la denuncia pública e incidencia frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como la reflexión colectiva en torno a las exigencias que conduzcan a la erradicación de estas prácticas.

Parte importante del proceso de la campaña “Nos queremos libres de trata”, fue la actualización del Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual arrojó, entre otros, los siguientes resultados:

  1. 4% de las personas encuestadas reconocieron saber que en el estado de Tlaxcala se explota sexualmente a mujeres y niñas o se las lleva a otros estados para ser explotadas.
  2. Respecto al conocimiento de la población en torno a los municipios donde consideran que existe alguna actividad relacionada con la trata, los encuestados mencionaron 40 municipios, 17 municipios más de los reportados en el Diagnóstico realizado por la Dra. Patricia Olamendi Torres en 2008.
  3. 5% de las personas encuestadas considera que en su municipio de residencia ha aumentado la existencia de bares, centros nocturnos, moteles, casas de citas, cantinas, sitios de explotación a pie de carretera, casas de vecinos, restaurantes, tiendas u otros, donde obligan a prostituirse a mujeres y niñas.

La situación mostrada en el Diagnóstico de percepción ciudadana puede calificarse como muy grave en tanto que la ineficacia gubernamental en la aplicación de políticas públicas adecuadas impacta negativamente en los municipios y las comunidades del estado de Tlaxcala.Por todo ello, las exigencias del Centro Fray Julián Garcés junto con todas las organizaciones comunitarias, parroquiales y de derechos humanos a las que acompaña, es la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual así como la implementación de un Programa Educativo de Prevención de la Trata en el sector educativo. Asimismo, el Centro Fray Julián Garcés hizo un llamado al gobierno local para quedeje de minimizar la problemática o de poner la imagen del estado por encima de los derechos, la vida y la integridad de las mujeres y niñas. También hizo un llamado a la Conavim para que el seguimiento a las acciones de las observaciones, sea lo suficientemente efectivo ante la problemática, pues hasta ahora ha sido poco efectivo.

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 Daños comunitarios por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan

A partir de la emisión de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, el Centro Fray Julián ha acompañado, como desde hace 16 años, a la Coordinadora por un Atoyac con Vida, y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos para iniciar un proceso de análisis detallado del contenido de la Recomendación del cual se resaltaron los siguientes puntos:

  • La contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan es grave y existen evidencias claras de la responsabilidad de las autoridades.
  • A pesar de los numerosos estudios sobre la calidad del agua de los ríos y afluentes realizados desde hace más de 25 años por las instancias correspondientes, sus resultados fueron ocultados a la opinión pública y a las comunidades afectadas por la contaminación.
  • La instalación de miles de empresas industriales en la cuenca junto conla desregulación laboral y ambiental aplicadas por el Estado posibilitaron que los cauces de ríos y arroyos se emplearan como drenajes industriales y urbanos, lo cual ha ocasionado un deterioro grave de las condiciones ecológicas y de la relación económica, social, cultural y de salud de las comunidades con los ríos, convirtiendo a la cuenca Atoyac-Zahuapan en una de las más contaminadas del país.
  • Como resultado, se ha puesto en evidencia el estrecho vínculo existente entre la contaminación de los cauces de los ríos, la falta del saneamiento del agua y los impactos en la salud de la población. Así, esta Recomendación de la CNDH, constituye el primer documento oficial en reconocer los impactos de la contaminación del agua en la salud de la población.
  • La Recomendación de la CNDH señala la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de un Plan de Restauración Ecológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan, en el que deben participar no sólo las autoridades responsables sino, además, las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen.

A partir de este análisis, se inició un proceso colectivo para difundir el contenido de la Recomendación e iniciar un diálogo comunitario lo cual condujo a la realización de 80 talleres en 16 comunidades de los cuales emergió la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades ―presentada públicamente en septiembre y noviembre de 2017― con los siguientes puntos:

  • El necesario saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que incluye los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas;
  • La restauración de los suelos y bosques en el lecho de los ríos y arroyos, en la ribera y en los terrenos aledaños a la Zona Federal;
  • La prevención, control y monitoreo de la contaminación futura de la cuenca;
  • El diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a la contaminación de la cuenca;
  • El Plan de Saneamiento debe contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo todas sus acciones en todas sus etapas; y
  • La aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.
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Aunque la Recomendación 10/2017 de la CNDH exige que se elabore un convenio interinstitucional para el saneamiento de los ríos Atoyac y Zahuapan en el que se incluya a las organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten, hasta la fecha, no se ha creado el mecanismo de coordinación estipulado en la Recomendación de la CNDH y no se ha incluido en él al Centro Fray Julián Garcés, a la CAV y a la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos. Por consecuencia, el Centro Fray Julián Garcés mantuvo su exigencia de que el Plan de Saneamiento de la cuenca incluya la participación de las comunidades y que sus propuestas sean incorporadas en el Plan oficial de Saneamiento.

La presentación del Informe de actividades del Centro Fray Julián Garcés contó con la presencia del Obispo de Tlaxcala, Monseñor Julio César Salcedo Aquino, quien ofreció un mensaje de respaldo al trabajo del Centro, así como del acompañamiento que realiza a los grupos de pastoral, a los decanatos y a otros espacios dentro de la Diócesis para profundizar en el mensaje de transformación y reconstrucción comunitaria, tan necesaria en el estado de Tlaxcala.

Asimismo, la presentación pública del Informe de Actividades del Centro Fray Julián Garcés contó con la participación de los académicos Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y de Ixchel Yglesias, perita en Antropología Social con perspectiva de género y catedrática en Tlaxcala, quienes comentaron el contenido del Informe de actividades.

En su intervención, el Dr. García Barrios señaló que el trabajo del Centro Fray Julián Garcés exhibe, cara a cara, el entorno de oscuridad que envuelve a las comunidades del estado de Tlaxcala en su lucha contra dos de las realidades más dolorosas de su presente, que son la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los efectos ambientales y a la salud de la contaminación de la cuenca de los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan. Al respecto, afirmó que no existe un mayor daño en el cuerpo de las comunidades que la destrucción de los cuerpos de las mujeres y niñas y la destrucción del cuerpo de la naturaleza y de los bienes naturales de los que depende la reproducción de la vida digna como bien supremo y derecho reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos.

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Asimismo, anunció que el caso de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan será retomado por una red internacional de investigadores universitarios vinculados con la Organización de las Naciones Unidas para difundirla en todo el mundo, como un ejemplo emblemático de la simulación del Estado mexicano frente a la producción de inequidad social y ambiental, además de que el caso será tratado, por segunda vez, por el Tribunal Latinoamericano del Agua, en su Audiencia pública en octubre de 2018.

Por su parte, la antropóloga Yglesias comentó los resultados del Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, realizado por el Centro Fray Julián Garcés, en el que se pone manifiesto “que el sistema proxeneta representa la disolución de la comunidad”, puesto que este sistema, originado en la violencia sistemática y cotidiana contra la dignidad de las mujeres, las reduce a objetos funcionales que pueden ser comprados y vendidos en el mercado, por lo que debe ser considerada como violencia sexual feminicida y crimen de lesa humanidad. Igualmente mencionó que la prevención de la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual feminicida deben ser considerados problemas estructurales, cuya solución no está sólo en manos de las comunidades, sino del Estado, donde recae la mayor responsabilidad.

Finalmente, añadió que la mayor huella de la trata no está en el cautiverio de la mujeres y niñas que son explotadas, sino en los efectos que esta práctica deja en sus cuerpos, sus mentes y sus relaciones cotidianas. Por ello, llamó al ejercicio de una nueva solidaridad ejercida como responsabilidad compartida al interior de las comunidades, como única alternativa colectiva real para superar esta realidad.