El día de ayer, pobladores de San Pablo del Monte exigieron la suspensión inmediata de las obras para la construcción de un parque sobre el panteón “La Santísima”, ya que, aseguraron, no se realizó consulta a los habitantes y además se estaría destruyendo un importante patrimonio para la comunidad.
¿A qué se debe y por qué comenzó este conflicto?
El panteón «La Santísima», ubicado a unas cuadras del centro de la ciudad, fue clausurado en el año 2005 debido a su sobrepoblación. Algunos de los vecinos calculan que son alrededor de 15 mil los restos que se encuentran sepultados en el área, cantidad estimada dado que algunas de las tumbas resguardaban los restos de hasta tres personas.
Sin embargo, el panteón se mantuvo abierto para recibir a visitantes que fueran a llevarle flores a sus muertos. En este sentido, está práctica se realizó hasta el pasado 2 de noviembre, pues pese haberse cerrado algunos panteones para evitar la propagación de Covid-19, la mayoría de los habitantes se mantuvo fiel a la tradición y acudió a colocar la ofrenda floral tradicional de cempasúchil.
La sorpresa para la mayoría fue que al día siguiente el panteón se encontraba parcialmente cerrado, había maquinaría con restos de lápidas y camionetas cargadas de la herrería -jardineras y cruces- que adornaba muchas de las tumbas. Se estima que alrededor de 50 tumbas fueron destruidas.
En consecuencia, vecinos inconformes rompieron algunas de las vallas cubiertas de lona –puestas para que no fuese visto el proceso de la obra-, además tomaron registros de lo sucedido, aunque también hubo vecinos, así como mayordomos y el presidente de comunidad, que se mostraron a favor e impidieron que los trabajos fueran detenidos.
Y es que dicha obra se había manejado de manera oficial a través de medios como una obra de “Rehabilitación” que “dignificaría” la zona de descanso de los sanpablenses, la cual solo consistiría en trabajos a ras de suelo y que, además, tendría un monto de un millón de pesos.
Esta información se emitió a mediados de octubre y se aseguraba de que se contaba con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
A esto hay que agregar que se suponía que no se tocarían los restos de los fallecidos y que a cambio de retirar algunas lápidas y conservar otras, como los mausoleos, se colocaría un altar con los nombres de todos los residentes del panteón.
«Se trata de dignificar el ex panteón municipal y de ninguna manera se tocarán los restos de los difuntos, aunque eso sí habrán de respetarse las placas de mármol, talavera y onix que se encuentran ahí en las sepulturas», comentó en aquel entonces el presidente municipal. Vía: Milenio
Sin embargo, existe registro fotográfico que constata la remoción de lápidas, cruces de piedra y concreto, así como las jardineras de hierro. Además, algunos vecinos relatan que hubo saqueo de piezas de talavera que allí se encontraban.
Por ello, ese mismo día los habitantes habían mostrado su inconformidad e incluso hubo connato de violencia entre vecinos. Se argumentó que el presidente nunca informó a la población sobre los trabajos a realizarse y que, además, ni siquiera se les consultó.
Además, mencionar que se pretendía construir un parque recreativo en el área, con el argumento de dispersar la delincuencia que allí se concentra, pues los mismos vecinos tienen constancia de que había drogadictos y ladrones que aprovechaban la poca luminosidad y la falta de mantenimiento del panteón.
Después de haber solicitado los amparos, se acordó una reunión con el alcalde, sin embargo, este no acudió. En su lugar, fueron atendidos por el secretario particular, con el que hicieron un recorrido para mostrarle las tumbas afectadas y que todavía había trabajadores removiendo material, por lo que solicitó el apoyo de una patrulla.
Ese día se fijó una nueva cita para el día 4 de noviembre, pero a primeras horas de ese miércoles nuevamente se encontraron con la presencia de trabajadores, por lo que los ánimos nuevamente se habían friccionado.
Ante esto, algunos habitantes acudieron a la ciudad de Tlaxcala, con los pocos registros que tenían, dado que nunca había sido necesario constatar de la legalidad de la pertenencia de los lotes a las familias, para pedir información y cerciorarse de que efectivamente el INAH había otorgado los permisos.
Ya en el momento de la nueva reunión, en punto de las cinco de la tarde, los habitantes inconformes se congregaron frente a palacio municipal.
Alfonso Tlatelpa, uno de los vecinos que tiene varios familiares sepultados en este panteón, repudió el hecho de que se quiera destruir o modificar el recinto y aseguró que al enterarse –hace veinte días- de la situación, se sumó para impedir que la construcción se realice.
Resaltó que el panteón de “La Santísima” es considerado por los habitantes patrimonio histórico, pues data de principios de 1900 y alberga cuatro mil tumbas, entre las que se encuentran los restos de gente que luchó en la revolución.
Además, es un recinto de hectárea y media mucho más añejo que los panteones como el de “San Jacinto”, construido precisamente por la sobrepoblación del primero.
Otro habitante, Tomás Felipe Tlalpan, comentó que con la una imposición de obra se violó el artículo 115 de la Constitución, fracción II, en la que se específica se debe tomar en cuenta la voz de la ciudadanía.
Así mismo, señaló que se había engañado al pueblo con la colocación de una lona supuestamente con el fin recolectar firmas para realizar un censo de cuantas familias tenían parientes sepultados, pero en realidad utilizaron las firmas para constar de que el pueblo estaba de acuerdo con la supuesta remodelación.
Reprochó el hecho de que, a poco de terminar su administración, el alcalde quisiera hacer dar un trato digno al panteón cuando antes este no contaba si quiera con agua, barda perimetral, ni mantenimiento constante, así como una adecuada luminaria para evitar que drogadictos utilizaran de casa los mausoleos.
En concordancia, María Teresa, comentó que no solo el panteón es un área de concentración de delincuencia, sino que también hay calles y parques que necesitan rehabilitación y que se encuentran abandonadas.
Acusó al presidente de mandar a saquear las cruces y la herrería, después de que el día 2 de noviembre se haya ido a dejar flores a las tumbas –hecho que consta que pese a estar cerrado, el panteón recibe la visita de familiares-.
Así mismo, señaló que no porque se construya un parque o se rehabilite el panteón se asegurará de acabar con la delincuencia “porque tanto el presidente tanto de su barrio, como el de comunidad, no hace nada para cumplir su función. La delincuencia nunca se va a acabar (…) la delincuencia va a seguir y va a ser peor”.
Posteriormente, ya enfadados por la espera, solicitaron ser atendidos por el presidente, que al parecer también había cancelado dicha reunión. En este sentido, se aglomeraron en el auditorio municipal, donde serían atendidos por Cano Coyotl.
Una vez en dicho recinto, los vecinos alegaron y expusieron su inconformidad mediante el uso del micrófono, así mismo, ya con los resultados que había mandado el INAH, se demostró que esta institución nunca había otorgado dicho permiso, al menos no sin el consentimiento de los involucrados.
Se acordó que el presidente municipal accedería a suspender la obra, pero, relatan los pobladores, éste se dio a la fuga y posteriormente fue increpado por los vecinos y llevado a la fuerza al panteón para dar la orden de suspensión de los trabajos.
Al día siguiente, algunos pobladores solicitaron apoyo al gobierno del estado de Tlaxcala para que se hiciera reparación de daños de al menos 50 tumbas, con costo de alrededor de 200 mil pesos, que fueron dañadas. Vía. La Jornada de Oriente Tlaxala
Texto y Fotos: Melisa Ortega
